La mejor forma de protestar es el boicot. No es que las marchas y las sentadas no sirvan de nada. Pero si hay algo que molesta a dirigentes y empresarios, por igual, es que se metan con sus bolsillos. Valga una muestra: lo que viene sucediendo con Carolina del Norte y su cuestionada ley, la HB2, que obliga a las personas transgénero a usar los baños destinados para el género con el que fueron registrados al nacer y no aquellos para el género con el que se identifican.

Es decir, por ejemplo, que un hombre transgénero está obligado a entrar al baño de mujeres, pese a reconocerse como hombre. Lo que ha sido considerado como un acto discriminatorio en contra de la comunidad LGBTI.

El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, ha sido duramente criticado por esta ley, incluso, por parte del Gobierno Federal, que ha promovido medidas completamente contrarias a esta. Pero el mayor dolor de cabeza para las autoridades de ese estado ha sido el boicot.

En abril de este año, a escasas dos semanas de que la HB2 fuera aprobada por la Asamblea de Carolina del Norte, el cantante Bruce Springsteen canceló el concierto que tenía programado dar en Greensboro, la tercera ciudad en población de este Estado. “Algunas cosas son más importantes que el rock, y la lucha contra los prejuicios y el fanatismo es una de ellas”, dijo. Y fue el inicio de un boicot masivo.

A Springsteen lo siguieron Ringo Starr, Pearl Jam, Boston, Nick Jonas y Demi Lovato, entre otros. Y no solo cantantes: el Circo del Sol y el Blue Man Group también cancelaron sus presentaciones.

Algo similar, aunque con menor intensidad, ha ocurrido en Misisipi, que siguió el ejemplo de Carolina del Norte, al aprobar una ley, la HB1523, que, según sus promotores, busca promover las creencias religiosas de los ciudadanos, aunque a costa de restringir seriamente los derechos de los LGBTI. En su caso, ha habido varias cancelaciones, a modo de protesta; no obstante, el boicot ha sido mayor en Carolina del Norte.

Pero lo ocurrido en abril era, apenas, el principio. En mayo, varias organizaciones se unieron al boicot. Pero una en especial, la NBA, que amenazó con trasladar la sede del Juego de las Estrellas de 2016, de Charlotte a otra ciudad. Una amenaza mayor si se tiene en cuenta que el Juego de las Estrellas de 2015 fue visto por 150 millones de personas, por lo que este evento se considera una vitrina casi que insuperable.

Debido al boicot, varios legisladores de Carolina del Norte presentaron un proyecto de enmienda a la HB2, que, no obstante, dejaba en firme algunas de sus más cuestionadas propuestas. Y entonces la NBA arremetió.

En un comunicado conjunto con el principal equipo de baloncesto de Carolina del Norte, los Hornets de Charlotte, la NBA sostuvo que no apoyaba “la versión del proyecto de ley que entendemos está actualmente en el Congreso. Seguimos comprometidos con nuestros principios rectores de inclusión, respeto mutuo y protección equitativa para todos” .

Y siguió presionando a Carolina del Norte. El traslado parecía inevitable. Y así fue: el pasado 22 de julio la NBA anunció que el Juego de las Estrellas de 2016 ya no se iba a realizar en Charlotte, sino, probablemente, en Orlando o Nueva Orleans.

“Aunque entendemos que la NBA no puede imponer las leyes en las ciudades, estados o países en los que hacemos negocio, no creemos que podamos organizar con éxito nuestro All-Star en Charlotte con la coyuntura creada tras la aprobación de la norma. En estas conversaciones nos hemos guiado por los valores de nuestra liga. Estos son no solo la diversidad, inclusión, equidad y respeto a los demás, sino también la disposición a escuchar y tener en cuenta puntos de vista opuestos”, sostuvo la NBA.

La respuesta del gobernador de Carolina del Norte no se hizo esperar. McCrory acusó a la NBA de ser una élite empresarial dedicada a “imponer sus visiones políticas” .

“Durante meses han menospreciado nuestras leyes y demonizado a la gente de Carolina del Norte, simplemente porque creemos que los niños y niñas tienen el derecho a utilizar los baños, vestuarios y duchas sin el sexo opuesto presente” , aseguró, indignado, McCrory.

Y esta semana, como si fuera poco, otro golpe: la Asociación Nacional Atlética Colegial (NCAA, por sus siglas en inglés), decidió cambiar de sede siete eventos deportivos que se iban a realizar en Carolina del Norte. “Las leyes actuales del estado de Carolina del Norte hacen que sea difícil garantizar el recibimiento a las comunidades” , indicó la NCAA.

Una decisión que deja dudas, a su vez, sobre qué va a pasar con el Belk Bowl, uno de los principales eventos del fútbol americano universitario y que se realiza, normalmente, en Charlotte.

McCrory, en respuesta, exhortó “a las instituciones privadas y públicas a respetar y permitir que nuestro sistema judicial proceda sin amenazas económicas o represalias políticas para los 22 estados que actualmente están retando los excesos del gobierno. Tristemente, la NCAA, un monopolio de billones de dólares exento de pagar impuestos, no muestra este respeto, a costa de nuestros estudiantes atletas y nuestros trabajadores hombres y mujeres”.

Y luego puso el dedo en la llaga, asegurando que la NCAA debería preocuparse por otros temas, como las mujeres violadas en la Universidad de Baylor, al parecer, por miembros del equipo de fútbol americano; un caso que ha afectado profundamente el mundo del deporte en ese país.

Pero si el sector privado le ha dado la espalda a Carolina del Norte, varios estados la han apoyado, como el mismo McCrory lo reconoce. Se trata de 21 estados que, al igual que Carolina del Norte, se han mostrado en contra de las medidas tomadas por Washington a favor de la comunidad LGBTI, sobre todo en lo que respecta a permitir que los transgénero puedan acceder a baños vinculados con el género con el que se identifican.

El pasado 13 de mayo, el gobierno de Barack Obama emitió una directiva, en respuesta a la HB2, en la que les recomendaba a todas las escuelas públicas del país permitir que sus alumnos accedieran a los baños creados para el género con el que se identificaban y no a aquellos para el género con el que habían nacido.

Pese a no ser ley, es decir, pese a no ser de obligatorio cumplimiento, los estados que se negaran a cumplir con ella corrían el riesgo de que se les redujeran los fondos federales que reciben. Entonces once estados: Alabama, Wisconsin, Virginia Occidental, Tennessee, Oklahoma, Luisiana, Utah, Georgia, Arizona, Maine y Texas, demandaron la directiva. Luego otros se les unieron. Y esta fue suspendida, temporalmente, el 27 de agosto.

Seguramente va a ser la Corte Suprema de Justicia la que defina el futuro de esta controversia. Aunque esta se encuentra casi paralizada debido a que el Congreso sigue sin elegir el reemplazo del juez Antonin Scalia. Pero, mientras tanto, Carolina del Norte seguirá siendo el epicentro de una disputa que tiene dividida a la Nación.