Víctimas y opositores venezolanos han presentado una solicitud para que la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigue al presidente Nicolás Maduro y a varios altos funcionarios de su país por «delitos de lesa humanidad», anunció este miércoles en Madrid el opositor Carlos Vecchio.

«El día de ayer presentamos formalmente una solicitud para que la Corte abra un examen preliminar contra altos funcionarios, particularmente con Maduro, porque consideramos que se han cometido delitos de lesa humanidad», dijo Vecchio en una rueda de prensa, acompañado por el abogado Juan Carlos Gutiérrez.

En La Haya una fuente de la CPI confirmó la presentación de la solicitud ante la fiscalía.

La petición, que se ha formulado en nombre de un grupo de víctimas dentro de las que se ha incluido el propio Vecchio, va dirigida contra un grupo de ocho altos funcionarios venezolanos, incluido Maduro, afirmó el líder opositor, sin querer dar mayores detalles sobre los mismos «por razones de confidencialidad» y estrategia judicial.

«Estamos convencidos de que se reúnen los requisitos que establecen el estatuto de Roma para decir que estamos ante un caso de crímenes de lesa humanidad que tienen que ver con asesinatos, torturas, detenciones ilegales, persecuciones, tratos inhumanos», explicó Vecchio, coordinador del partido Voluntad Popular del opositor Leopoldo López.

La petición denuncia «un comportamiento sistemático, generalizado, por parte del Estado venezolano, de distintas instituciones (…) dirigidas estructuralmente a atacar, a producir daños contundentes y efectivos sobre cualquier foco de disidencia o de mera crítica al gobierno nacional», explicó Gutiérrez.

El informe presentado a la fiscalía de la CPI, que habrá de decidir si admite llevar a cabo una investigación preliminar, incluye el relato de más de 30 presuntos homicidios, 3.700 detenciones que la oposición considera ilegales, cerca de 400 supuestos casos de tortura, y unas 800 personas heridas, desde febrero de 2014 hasta la actualidad.

La fiscalía suele tardar entre tres y seis meses en decidir sobre las peticiones que se le presentan, pero Vecchio insistió en la urgencia de la petición a menos de un mes de las elecciones legislativas en el país sudamericano, el 6 de diciembre, y el próximo discurso de Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la que el país forma parte.