«Cerca del 80% de las deportaciones afectan a personas sin antecedentes criminales.
Washington.— Abogados y activistas denunciaron el lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basada en esta capital, que al deportar a un promedio anual sin precedentes de 400.000 personas, Estados Unidos viola sistemáticamente al menos cinco artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El abogado Robert Pauw durante una audiencia sobre los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos dijo que las autoridades necesitan adoptar reformas legislativas y administrativas para evitar la disolución de tantas familias por las deportaciones.
«Cerca del 80% de las deportaciones afectan a personas sin antecedentes criminales. La ley actual es implacable con las infracciones migratorias no penales», dijo Pauw. «Si cruzas la frontera sin autorización más de una vez, eres sujeto automáticamente a una deportación sin posibilidad de excepciones, lo que viola el derecho a la familia y de los menores».
La delegación estadounidense, encabezada por el embajador alterno ante la Organización de Estados Americanos, Lawrence Gumbiner, acudió a la audiencia sin respuestas alegando que el cierre parcial del gobierno federal durante 17 días le impidió prepararse adecuadamente, y se comprometió a responder por escrito durante los próximos 30 días a la Comisión, dependiente de la Organización de los Estados Americanos.
Salvador Sarmiento, abogado de la Red Nacional de Jornaleros, instó al presidente Barack Obama a adoptar medidas administrativas adicionales para detener las deportaciones, ya que «el principio básico de la ley ante la inacción del poder legislativo es que le corresponde al Ejecutivo asegurarse de que los tres poderes se adhieren a instrumentos internacionales».
Obama ha sostenido reiteradamente que no tiene la autoridad legal para suspender más deportaciones, después de que el año pasado lanzara un programa para anular las deportaciones de algunos inmigrantes menores de 30 años traídos sin autorización a Estados Unidos, conocidos en inglés como «dreamers».
El Congreso mantiene en el limbo a la reforma migratoria, ya que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes se ha negado a debatir el proyecto de reforma migratoria aprobado en junio por el Senado, de mayoría demócrata, y que incluye la opción de la naturalización para los inmigrantes que residen en el país de manera ilegal.
La bancada demócrata presentó el mes pasado un proyecto de ley de reforma migratoria, el cual reemplaza una enmienda incluida en la versión aprobada por el Senado que buscaba invertir 49.000 millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza, por un proyecto de ley de seguridad fronteriza aprobado por la comisión de seguridad nacional de la cámara baja.
El representante por California Jeff Denham se convirtió el fin de semana en el primer republicano en sumar su apoyo al proyecto de ley presentado por los demócratas.
Entretanto, el representante republicano por Florida Mario Diaz-Balart —quien trabaja en una legislación que busca cambiar las leyes de inmigración del país— anunció que se reunirá el martes en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama.
La audiencia sobre la reforma migratoria ocurrió durante la jornada inaugural del 149 periodo de sesiones de la comisión, que durante esta semana tendrá lugar en la capital estadounidense.
