Estados Unidos rechazó este miércoles que los cargos por los que pide la extradición de Julian Assange sean de carácter político y que pueda compararse su actividad al frente de WikiLeaks a la de los periodistas de investigación.
La abogada Clair Dobbin, en representación de la Justicia estadounidense, dijo ante el Tribunal Superior de Londres que la defensa “describe erróneamente” las acusaciones contra el australiano, que en realidad son “por delitos penales basados en pruebas”.
El abogado de Assange había afirmado el martes que la demanda de Estados Unidos contra su cliente, quien tras sentirse indispuesto la víspera tampoco acudió a la segunda jornada de la audiencia, se basa en “motivaciones políticas”.
Dobbin dijo que Assange es requerido por conspirar con la exsoldado estadounidense Chelsea Manning para obtener información militar clasificada y por difundirla, poniendo en peligro a “numerosos informantes inocentes de Estados Unidos”. En 2010, el acusado publicó más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país norteamericano, en particular en Irak y Afganistán.
La abogada subrayó que es incorrecto cuando la defensa trata de comparar al acusado, del que dijo que trató entre 2009 y 2015 de reclutar a piratas informáticos para su portal, con “un periodista o editor ordinarios” que use fuentes para sus noticias.
“WikiLeaks solicitó explícitamente material e información clasificada. Animó a otros a piratear y produjo una lista de ‘Las filtraciones más buscadas’. Esto va mucho más allá de los actos de un periodista que recopile información”, alegó.
El juez Adam Johnson inquirió sobre un argumento de la defensa que sostiene que no fue WikiLeaks quien difundió inicialmente los nombres de los informantes, sino que quedaron expuestos cuando un periodista desveló en un libro la contraseña de los archivos.
Dobbin respondió que no corresponde a este tribunal profundizar en este punto y sería algo que Assange podría esgrimir en un eventual juicio en Estados Unidos.
“Publicó indiscriminada y conscientemente al mundo los nombres de personas que actuaron como fuentes de información para Estados Unidos”, dijo, agregando que ese hecho lo diferenciaba de otros medios de comunicación. “Son estos hechos los que lo distinguen, no sus opiniones políticas”, señaló Dobbin.
La abogada dijo también que son infundados los argumentos de la defensa de que su cliente no afrontará un juicio justo en Estados Unidos o que las imputaciones atentan contra su libertad de expresión. El martes, otro de los abogados defensores de Assange, Mark Summers, habló de un plan estadounidense, según un artículo de Yahoo News de 2021, de matar o secuestrar a su cliente en 2017.
Tras la vista de este miércoles, los dos jueces del Superior tendrán que decidir, seguramente en otra fecha, si le autorizan a volver a recurrir en el Reino Unido -lo que daría lugar a un juicio donde se explorarían a fondo los argumentos planteados ahora- o si en cambio puede activarse su extradición, aprobada por el Gobierno británico en 2022.
En caso de ser entregado, Assange podría ser condenado a una pena de hasta 175 años de prisión en Estados Unidos. Si Assange sale airoso del juicio de este miércoles, deberá probablemente hacer frente a otra audiencia en el Reino Unido, en una fecha por determinar, que tendría que confirmar que no es extraditado.
En caso de que el tribunal londinense confirme en las próximas semanas su extradición, a Assange le quedaría como último recurso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), señalaron sus seguidores en diciembre.
Salud frágil
Assange, de 52 años, no asistió ni el martes ni el miércoles al proceso ante el Tribunal Superior al encontrarse enfermo, aunque sí estuvieron presentes en la sala su esposa, Stella, y su padre, John Shipton. Durante las jornadas previas al juicio, su esposa había alertado sobre el frágil estado de salud del australiano.
“Su salud está empeorando, física y mentalmente. Su vida corre peligro cada día que permanece en prisión y si es extraditado morirá”, afirmó el jueves.
El fundador de WikiLeaks fue detenido por la policía británica en 2019, tras siete años confinado en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió para evitar ser extraditado por acusaciones de agresión sexual a Suecia, unos cargos que después fueron retirados.
En enero de 2021, un tribunal británico rechazó en un primer momento la demanda de extradición de Estados Unidos. La apelación norteamericana hizo que, en diciembre de 2021, la justicia británica anulara la primera decisión y abriera la vía a su extradición.
La apelación de Assange no dio sus frutos y en abril de 2022 un tribunal británico autorizó la extradición, que fue aceptada dos meses después por el gobierno británico.
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