Ante la posibilidad de una Declaración Unilateral de Independencia en Cataluña, luego del referéndum del domingo y sus inesperadas consecuencias, el Consejo de Ministros español aprobó un decreto por el que las empresas podrán decidir cambiar su domicilio social sin necesidad de contar con el visto bueno de la junta de accionistas, lo que facilitará la salida de la región de Cataluña de las empresas que así lo decidan.
En las últimas horas, el consejo de administración del Banco Sabadell, uno de los mayores bancos catalanes, acordó trasladar su sede social de Barcelona a Alicante Asimismo, Gas Natural, grupo energético con un importante peso en la bolsa española IBEX 35, también ha decidido trasladar su sede a Madrid. De la misma forma, CaixaBank, entidad financiera catalana y tercera más importante de España, también planea hacer el traslado de su sede social a Valencia.
Más allá de estos acontecimientos, ¿qué implica realmente el traslado del domicilio social de las empresas?
En primer lugar, el domicilio social es el centro desde el que se administra una sociedad mercantil. La decisión de su traslado tiene escasas consecuencias en términos de negocio, pero sí tiene un importantísimo peso simbólico. Se trata de un cambio notarial que no tiene por qué notarse mucho, al menos para los trabajadores y los clientes de los bancos y las empresas puesto que se mantienen las sedes en Barcelona.
El principal motivo para hacer este cambio es que las entidades financieras dependen del Banco Central Europeo y, en caso de que un banco quede fuera de la eurozona, queda también fuera del paraguas y de la liquidez que proporciona el BCE, hecho clave para el funcionamiento de las entidades.
Hay muchas compañías que tienen el domicilio social en un lugar distinto de su centro operativo, como es el caso del Banco Santander, el mayor banco español según sus activos, que tiene su sede central en la capital de Cantabria (Santander) pero la sede operativa en la provincia de Madrid.
Por lo que respecta a los impuestos, el principal de ellos es el de sociedades, que se sigue pagando a la Hacienda del estado español, esté donde esté la sede de la empresa. El municipio que alberga la sede social de una empresa solo se beneficia de recaudar el impuesto de actividades económicas (IAE).
La toma de estas decisiones se ha producido en un momento en que ambos bancos catalanes registraban pérdidas en bolsa producidas por la desconfianza de los inversores debido a la situación política que viven Cataluña y España. El cambio de sede social propicia una imagen de tranquilidad frente a clientes e inversores.
Xavier Sala-i-Martin, economista catalán y profesor de la Universidad de Columbia (EEUU) hace un llamado a la calma alegando que, en caso de declararse la independencia en Cataluña, ésta no quedaría automáticamente fuera del euro y del amparo del BCE, puesto que “entre otras cosas, España tendría que reconocer la independencia, cosa que no hará claramente”. Por ello, Sala-i-Martin apunta que esta decisión de los bancos se debe interpretar como “un intento de hacer presión política”, ha explicado en su Twitter.
