Un plomazo en el pecho acabó con la vida de Matt Andrés Romero, un adolescente de 16 años que protestaba contra el gobierno de Daniel Ortega y exigía la liberación de los presos políticos en Nicaragua este domingo 23 de septiembre.

El joven es la víctima más reciente de este conflicto sociopolítico que ya suma 324 muertos, miles de heridos y más de 450 presos políticos, de acuerdo con organismos de derechos humanos.

Matt Romero fue abatido cuando la marcha pacífica fue atacada por policías antimotines y paramilitares del gobierno sandinista. Nada de fuego disuasorio; proyectiles directos a la muchedumbre azul y blanco.

Después de la expulsión de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno de Daniel Ortega ha proclamado que “el comandante se queda”, es decir, ha cerrado la vía del diálogo mediado por los obispos católicos para encontrar una resolución a la crisis, pese a la demanda nacional e internacional por reestablecerlo.

De hecho, el propio Ortega ofreció el sábado 22 de septiembre —un día antes del asesinato de Matt Romero— un discurso en el que les advirtió a los ciudadanos que se le oponen, a los empresarios que convocan a los paros de la actividad comercial, y a los obispos, que sus “actitudes golpistas” y “somocistas” tienen que “desaparecer”.

La nueva consigna del gobierno es “muerte al somocismo”, en referencia al anterior régimen dinástico derrocado por la revolución sandinista en 1979. Pero a diferencia de aquella época, cuando existía un movimiento guerrillero, en la actualidad se trata de un movimiento cívico que exige el adelanto de elecciones. Matt Romero era parte de ese movimiento que, con consignas y banderas en mano, lucha contra lo que consideran “la dictadura de Daniel Ortega”.

El asesinato de este estudiante de secundaria reactivó el ciclo de muerte en Nicaragua, que había estado pausado durante el último mes, después de que la represión entrara en “una tercera etapa”, de acuerdo con Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esa tercera etapa consiste en la persecución de los líderes estudiantiles y sociales a través de una ley que tipifica como terrorismo portar una bandera azul y blanca, marchar en las calles, gritar consignas contra el gobierno de Ortega o inflar globos con mensajes que exigen la restitución de la democracia en Nicaragua. Esta persecución ha dejado más de 500 presos políticos y más de 200 casos en proceso de juicio.

A diario, los medios oficialistas transmiten las presentaciones de los “terroristas-golpistas” a manos de la Policía Nacional. Las evidencias que usan como pruebas suelen ser banderas, morteros artesanales y rifles que los familiares de los presos políticos aseguran que son “sembrados” para incriminarlos.

Ante esa oleada de detenciones, los ciudadanos siguen marchando para exigir la liberación de los presos políticos. Las marchas han sido asediadas por antimotines y turbas del gobierno, pero fue hasta este domingo 23 de septiembre que los paramilitares apretaron sus gatillos contra los ciudadanos.

“Las marchas de oposición sufren ataques resultando en personas heridas y muertas. Situaciones que no pasan en las marchas progobierno. Está claro el objetivo de la violencia. Nicaragua falla en su obligación de asegurar el derecho a las protestas y de proteger a todos sus ciudadanos”, condenó el secretario ejecutivo de la CIDH.

Actualmente, la CIDH realiza una investigación independiente para esclarecer los crímenes ocurridos desde abril pasado. Sin embargo, el organismo ha denunciado que el gobierno de Ortega no colabora con la entrega de la información solicitada por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI).

“Fuego cruzado”

Matt Romero fue el único muerto ese día, pero seis personas resultaron heridas de bala, entre ellos tres periodistas que cubrían la protesta.

La Policía Nacional alegó en un comunicado que el adolescente de 16 años murió en “fuego cruzado”, una afirmación que no coincide con lo observado por el corresponsal de la Agencia Anadolu en Managua.

Los paramilitares abrieron fuego contra miles de personas que se refugiaron en cauces, casas aledañas y en una iglesia. Matt Romero no pudo ponerse a salvo. La bala de AK-47 le dinamitó el pecho.

Los familiares de este estudiante, que amaba jugar fútbol, vieron en la transmisión televisiva a un joven herido. Su abuela, Rosa Largaespada, lo reconoció de inmediato. “Es mi muchachito”, le narró a Anadolu. “Le dije a su tía que lo fuera a traer antes de que se muriera”.

Pero era tarde. El joven murió casi al instante del impacto. Matt Romero fue velado en su casa de habitación. En la sala de la vivienda había dos ataúdes. El féretro que estaba sobre el pedestal fúnebre contenía el cadáver del joven, mientras que el otro cajón, que estaba en el piso, fue regalado por una institución del gobierno de Daniel Ortega. “Matan y van al entierro”, le dijo a Anadolu Dilcia Romero, tía de la víctima.

La mamá de Matt, Tania Romero, trabaja como conserje en el Instituto Nacional Forestal (INAFOR). La entidad sandinista también le ofreció como “apoyo” cierta cantidad de dinero que fue rechazada, junto con el ataúd, por la familia doliente.

“A mi sobrino, que es mi hijo, lo mataron los paramilitares del gobierno. Lo que nosotros queremos es justicia”, aseguró Dilcia Romero con indignación. “Yo no sé cuál es la paz de la que habla Daniel Ortega y Rosario Murillo si está matando y acusando a tanto joven inocente. A nosotros nos quitó una parte de la familia”, lamentó la mujer.