Los expertos de la CIDH que estudian el caso Ayotzinapa acusaron este jueves al jefe de la Agencia de Investigación Criminal de México (AIC), Tomás Zerón, de actuar de manera alejada de los «estándares mínimos internacionales» en una diligencia del 28 de octubre de 2014 y pidieron una «investigación imparcial».
El titular de la AIC aseguró el miércoles que su actuación «fue legal» y tuvo como fin reconocer en campo declaraciones de Agustín García Reyes, uno de los detenidos por el caso, quien dijo haber participado en la quema de los cuerpos de los 43 jóvenes en el basurero de Cocula y sus cenizas lanzadas en bolsas al Río San Juan.
Además, presentó un vídeo de más de 13 minutos sobre esa actuación, que concluyó a las 16.00 hora local, como pueden dar cuenta dos miembros del Alto Comisionado de Naciones Unidas, «quienes junto con la prensa pudieron atestiguar nuestra presencia junto al detenido», indicó.
También criticó al grupo porque consignó mal las horas en que dicha diligencia se llevó a cabo e incluso hizo notar que en su vídeo el equipo de la CIDH, llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), habla del 28 de diciembre de 2014, es decir, «dos meses después de la fecha real».
En una rueda de prensa, el médico español Carlos Beristáin, miembro del GIEI, indicó que las declaraciones de Zerón son «graves» e insistió en que las actuaciones realizadas ese día en el río San Juan no fueron consignadas en el expediente de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala en septiembre de 2014.
Beristáin acusó a Zerón de manipular la presencia de los representantes de la ONU en el lugar, invitados por el entonces fiscal Jesús Murillo, a visitar el basurero de Cocula, donde los jóvenes fueron asesinados e incinerados por miembros del cártel de Guerreros Unidos, según la versión oficial.
Cuando esperaban en una zona utilizada como «base de operaciones» llegó el convoy del titular de la AIC, pero «en ningún momento» vieron a García Reyes en el escenario del río San Juan, añadió.
Sobre el vídeo presentado por Zerón, el GIEI señaló que se le había asegurado «que no había más documentación» que la consignada en el expediente, por lo que pidió la entrega «inmediata» de ese material a la unidad que investiga el caso y su incorporación a la averiguación previa.
Los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacaron que en ese vídeo se dice que «hay 4 bolsas en el río, de las cuales no existe ningún registro».
«La actuación de servicios periciales, así como las fotografías y vídeos tomados el día 28, no están respaldados en ningún documento oficial», insistieron.
Sobre el hueso hallado en el lugar y descartado porque no era humano, el GIEI destacó que no se pueden recoger indicios sin resguardar la escena del crimen, sin la cadena de custodia y sin realizar el acta circunstanciada del hallazgo de la evidencia.
Por todo ello, pidieron una «investigación imparcial» de la actuación, realizada sin la presencia del defensor de un detenido que tiene indicios de haber sido torturado tras su detención.
La AIC debe estar al margen de esa investigación para asegurar su independencia e incorporar las declaraciones de todos los funcionarios involucrados en esa diligencia, señalaron.
El GIEI ha puesto la mira en lo ocurrido en el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan porque fue allí donde un día después, según el expediente oficial, buzos de la Marina encontraron una bolsa con restos óseos que permitieron identificar genéticamente a uno de 43 los jóvenes desaparecidos.
Una foto divulgada por el grupo muestra que esa bolsa fue etiquetada con fecha 28, algo que Zerón atribuyó a un error de la perito responsable de marcar la bolsa y anunció una investigación al respecto. Además, señaló que los metadatos de la imagen demuestran que fue tomada al día siguiente.
