Brasil y la FIFA están de bronca
por cuenta de la Ley General de la Copa que el país debe aprobar en unas semanas de cara a la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Pero el problema supera el debate sobre el precio de las entradas o la venta de alcohol en los estadios.
Conozca las graves violaciones de DDHH por cuenta de los mega eventos que acoge Brasil.
Si algo tiene Brasil es organización social de base. Por tanto, ni la Copa Mundial de Fútbol de 2014, ni las Olimpiadas de 2016 han dejado indiferentes a los movimientos sociales. El primer asalto tiene que ver con la Copa de la FIFA y en Brasil se han articulado 12 Comités Populares Locales, organizados en las ciudades sede de la Copa Mundial.
La pelea más fuerte de estos Comités se centra ahora en evitar la aprobación de la llamada Ley General de la Copa, que establece las condiciones para la celebración de la Copa Confederación en 2013 y la Copa del Mundo de 2014. El secretario general de la Federación Internacional del Fútbol (FIFA), Jerome Valcke, ha denunciado en enero de 2012 que Brasil está haciendo requerimientos que ningún otro organizador del certamen había realizado jamás y objetó, entre otros puntos, la previsión de valores especiales para localidades para los partidos asignados a los indígenas o a los jubilados.
Los Comités Populares de la Copa denuncian, entre otras medidas, que se “entregue” a la FIFA la explotación comercial de “todos los símbolos nacionales relacionados con el fútbol” y que dé prioridad al registro de las marcas que la FIFA decida (hasta ahora van mil) saltándose los trámites administrativos; que se prohíba la venta de productos relacionados con la Copa en las inmediaciones de los estadios, lo que afecta gravemente al comercio informal brasileño y supone “el control privado de las vías de acceso a las instalaciones deportivas”.
En cuanto a la venta de entradas, los Comités alertan de la posibilidad de que se elimine el descuento de 50 por ciento para jubilados y estudiantes -“una conquista social de los brasileños”- y dice que el régimen impuesto por la FIFA, que por ejemplo descarta la devolución de entradas hace que “los brasileños no estén invitados a su Copa”; que la Ley General establezca “nuevos crímenes”, básicamente relacionados con la explotación comercial o el marketing durante la Copa; que se establezca un régimen especial de migración que da visado automático “a cualquier persona que indique la FIFA o a los equipos de sus socios comerciales”; que la FIFA tenga todos los derechos de imagen y prensa, y, por último, que sea el Gobierno de Brasil el que deba “indemnizar” a la FIFA por cualquier pérdida que la organización tenga.
De hecho, este último extremo está siendo motivo de fricción entre la FIFA y el Gobierno de Brasil ya que la organización privada pretende que el Ejecutivo asuma los costos, incluso, por desastres naturales o lluvias durante la Copa.
MEGAEVENTOS Y DDHH
Los Comités Populares de la Copa y de las Olimpiadas hicieron público un detallado informe en diciembre que ha sido ocultado por los medios de comunicación comerciales.
