«Debido a los pésimos antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas, es crucial que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente para determinar si efectivamente el empleo de la fuerza fue proporcional (…) y si se produjeron ejecuciones extrajudiciales», afirmó en un comunicado Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de HRW.

La fiscalía general mexicana «debería adoptar medidas inmediatas para asegurar que estos delitos se investiguen sin las demoras y la negligencia que caracterizaron la investigación de los asesinatos ocurridos en Tlatlaya en junio pasado», subrayó.

En el caso de Tlatlaya, una comunidad situada a 240 km de la capital mexicana, el Ejército informó en un primer momento que hubo un enfrentamiento que concluyó con 22 presuntos secuestradores muertos y sólo un militar herido.

Meses después, una sobreviviente reveló que la mayoría de los fallecidos fueron asesinados a sangre fría después de rendirse.

Tras el escándalo desatado en México por este testimonio, la fiscalía general acusó a militares del homicidio de ocho de los 22 civiles mientras que la oficina del Ombudsman concluyó que al menos 12 de los muertos fueron ejecutados por los soldados.

«Para no repetir el fiasco de la investigación sobre el caso Tlatlaya», la fiscalía «debería convocar inmediatamente a expertos forenses independientes y rigurosos que puedan otorgarle credibilidad a su investigación sobre los asesinatos», consideró HRW.

Un día después del choque del viernes en el rancho El Sol del municipio de Tanhuato (Michoacán), el gobierno sostuvo que «no hubo ni una sola» ejecución, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Ombudsman) investiga lo sucedido.

El gobierno también enfatizó que los 42 civiles muertos dispararon un arma de fuego y que sólo hubo tres pistoleros que aceptaron rendirse y fueron detenidos.

Las autoridades identificaron al grupo armado como perteneciente al poderoso cartel Jalisco Nueva Generación, convertido en el enemigo número uno del gobierno por sus audaces ataques contra fuerzas de seguridad, que han dejado al menos 29 efectivos muertos en las últimas semanas.