El 24 de diciembre en Raxruhá, un recóndito pueblo de Guatemala, en Alta Verapaz, se reunía la familia de Jakelin Caal Maquín, una niña migrante que falleció el pasado 8 de diciembre en manos de la patrulla fronteriza norteamericana. El encuentro no fue motivo de celebración en la víspera de Nochebuena, sino para despedir a la menor de siete años que no pudo cumplir el sueño de llegar a Estados Unidos.

“Nunca la vi tan feliz como el día que salió con su papá rumbo a Estados Unidos. Era el sueño de su vida”, comentó la madre de la menor al diario El País. “Me dio un beso y me dijo: ‘En cuanto tenga edad para trabajar, te voy a mandar dinerito para que tú y mis hermanitos puedan vivir bien’, recordó Claudia Maribel Maquín, de 27 años.

Jakelin y su padre, Nery Gilberto Caal Cruz, habían salido el 30 de noviembre de Guatemala hacia la frontera con Nuevo México para pedir asilo en Estados Unidos. El jueves 6 de diciembre pisaron suelo norteamericano y se entregaron a los agentes de frontera junto con otros 163 inmigrantes. Tres días después la menor había muerto.

La misma noche de Navidad, otro menor guatemalteco, que también se encontraba bajo la custodia de las autoridades migratorias, falleció en el hospital Gerald Champion Regional, en la ciudad de Amagordo. Identificado como Felipe Alonzo Gómez, el menor de 8 años fue detenido junto a su padre el pasado 18 de diciembre, tras cruzar la frontera por la ciudad de El Paso, Texas.

El lunes, según informó el Servicio de Vigilancia de Fronteras (CPB, en inglés) en un comunicado, presentó síntomas de enfermedad y fue trasladado al centro hospitalario, en donde el personal le diagnosticó resfriado común y horas después fue dado de alta con una receta de ibuprofeno y amoxicilina. Sin embargo, en la noche tuvo que regresar a la institución por síntomas de náuseas y vómitos, en donde murió poco después de la medianoche.

Aunque las muertes de migrantes en las zonas más apartadas de la frontera no son extrañas (debido a las duras condiciones del trayecto), sí lo son cuando se presentan en manos de las autoridades fronterizas. El fallecimiento de los menores ocurrió, además, en medio de una creciente tensión política por la cuestión migratoria en el país norteamericano.

Mientras el mandatario Donald Trump y los republicanos buscan endurecer la normativa migratoria y aprobar un presupuesto para la construcción del muro fronterizo entre EE. UU. y México, los demócratas y diversas organizaciones civiles han denunciado los abusos y las malas condiciones a los que son sometidos los niños y niñas migrantes y sus familias tras ser detenidos en la frontera.

En declaraciones a Efe, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, afirmó que la muerte de un segundo niño guatemalteco bajo custodia de las autoridades estadounidenses “enciende todas las alarmas sobre las políticas migratorias” de Trump.

Los niños y las niñas que buscan cruzar la frontera hacia Norteamérica no solamente escapan de los contextos de violencia y pobreza en sus países de origen, sino que además se enfrentan a cambios extremos, incertidumbre, agotamiento físico y condiciones precarias de alojamiento y sanidad. Tan solo entre el 19 y 22 de octubre cruzaron la frontera entre Guatemala y México cerca de 9.300 personas, de las cuales alrededor de 2.377 eran menores.

Sólo en septiembre, el número de infantes inmigrantes albergados en campamentos bajo la política de “Cero tolerancia” de Trump alcanzó la cifra récord de 12.000, entre los que se encontraban quienes fueron retenidos y separados de sus familias y quienes viajaron solos.

La muerte de los menores guatemaltecos y el desconocimiento hasta ahora de las verdaderas causas de su muerte plantean muchos interrogantes. ¿En qué condiciones mantienen a los inmigrantes y, en especial, a los niños y las niñas? ¿Por qué están muriendo en manos de las autoridades? ¿Qué se va a hacer para que no se presenten más casos?

Un grupo de congresistas estadounidenses se desplazó hasta las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Lordsberg, Nuevo México, para buscar respuestas. Según relató el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Joaquín Castro, en su visita al lugar descubrieron “algunos fallos sistémicos muy perturbadores relativos a cómo fue manejada la situación de la niña” y condiciones de higiene deplorables.

Los primeros informes del CPB afirmaron que Jakelin Caal habría fallecido por “deshidratación y shock”, pues, según ellos, no había comido ni tomado nada en varios días. Sin embargo, el padre de la menor rechazó esta afirmación e informó a los diplomáticos de Guatemala que, durante el trayecto, los coyotes les habían dado de comer pollo y fruta.

El caso del niño Felipe Alonzo presenta circunstancias similares y hasta el momento las autoridades estadounidenses señalaron que no se conocen las causas de la muerte en ninguno de los dos casos y que continúan en investigación. Frente a esto, la Cancillería de Guatemala solicitó una indagación “clara” y resguardando “el debido proceso acerca de la muerte de los menores”.

Los sucesos también llevaron a que el CBP prometiera revisar sus políticas con especial atención al cuidado y la custodia de niños menores de 10 años. Además, anunció que llevará a cabo controles médicos a todos los menores bajo su custodia y que está considerando solicitar apoyo médico de otras agencias, como la Guardia Costera y el Departamento de Defensa estadounidense.

“El CBP está coordinando con los Centros para el Control de Enfermedades el número de niños bajo custodia”, señaló el comisionado Kevin K. McAleenan.

El CBP afirmó estar desbordado por el «enorme flujo» de familias migrantes y pidió al Congreso más fondos para atención sanitaria.

La Patrulla Fronteriza también se ha pronunciado y ha afirmado que aunque sus instalaciones datan de décadas atrás, fueron pensadas para recibir a hombres migrantes viajando en solitario y no para familias y niños. Una situación que se ha vuelto más común recientemente.

¿Qué están haciendo México y Estados Unidos frente a la crisis?

México es uno de los pocos países del mundo que reúne las condiciones de ser lugar de origen, tránsito y destino de migrantes. Por eso el gobierno del nuevo mandatario, Andrés Manuel López Obrador, decidió impulsar un cambio radical en su enfoque y política migratoria. Dentro de los planes están la inversión en obras públicas para generar empleos, reformar los centros de detención y legalizar a los migrantes sin papeles.

Para esto dejará de lado las políticas carcelarias y la criminalización de la migración, y espera convertir los centros de detención en lugares de descanso e información. Además, buscará agilizar la solicitud de permisos de residencia para quienes huyen del triángulo norte centroamericano (una de las regiones más violentas del mundo) y legalizar masivamente a los inmigrantes sin papeles, quienes posteriormente podrán acceder a programas de salud, educación y proyectos sociales.

Por el contrario, con el mismo presupuesto (casi US$6.000 millones), el gobierno de Donald Trump buscará iniciar la construcción del prometido muro fronterizo. La falta de acuerdo en el Congreso sobre la aprobación del presupuesto llevó a que una parte de las agencias federales haya suspendido sus actividades de manera parcial desde el pasado sábado, y mientras tanto los niños migrantes y sus familias permanecen en el limbo.