El presidente de Rusia, Vladimir Putin, decidió legalizar el espionaje. Promulgó una serie de leyes, en el marco de la lucha contra el terrorismo, que borran cualquier residuo de privacidad que pudiera existir.
De acuerdo con el paquete legal aprobado por el mandatario, las empresas de telecomunicaciones están obligadas a guardar las grabaciones de todas las comunicaciones de los usuarios durante seis meses, facilitarlo a las autoridades si lo necesitan y deben proporcionar todas las herramientas para descifrar datos codificados.
Con guardar todas las comunicaciones se refiere a: conversaciones, mensajes de textos, chatas y grabaciones de audio y video.
La polémica iniciativa -aprobada previamente en el Parlamento en el marco del llamado «paquete antiterrorista» y tachada por algunos de un paso hacia el espionaje total sobre los ciudadanos- persigue reforzar la prevención de acciones terroristas y no se aplicará hasta el 1 de julio de 2018.
La ley también obliga almacenar durante tres años la información general sobre todas las comunicaciones telefónicas y en internet, con datos que incluyen la identificación de los interlocutores, y la fecha y hora concretas en las que se producido la conexión.
El filtrador de la NSA Edward Snowden, aseguró que este paquete de medidas reducirá las libertades personales y la privacidad. Snowden, que vive en Rusia desde que recibió asilo en 2013, dijo a través de su cuenta de Twitter que “la ley del Gran Hermano es una violación de derechos inviable e injustificable que quitará dinero y libertades a todos los rusos sin mejorar la seguridad”.
La ley convierte en delito no avisar a las autoridades de información “fiable” sobre planes de atentados terroristas, revueltas armadas, secuestros y otros crímenes. Expresar en Internet aprobación hacia el terrorismo se podrá castigar ahora con hasta siete años de cárcel. “La incitación, reclutamiento u otra forma de inducción a participar en desórdenes públicos serán castigados con penas de cárcel de entre cinco y diez años”.
Muchos recuerdan que los disturbios que se dieron en Moscú en mayo de 2012, cuando la policía dispersó a un grupo de opositores que quisieron convertir una manifestación en una protesta indefinida, fue calificada por la Justicia de desórdenes públicos y sus organizadores fueron condenados a sendas penas de prisión.
El «paquete antiterrorista» endurece los castigos por prácticamente todos los delitos relacionados con el terrorismo y el extremismo y además, rebaja hasta los 14 años la edad mínima a la que un adolescente puede ser juzgado por la vía penal por este tipo de crímenes y por participar en desórdenes públicos.
