El destino de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2015 está lejos de aclararse. Y menos a partir de mañana, cuando termina el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), integrado por dos abogados colombianos, uno chileno, una exfiscal guatemalteca y un psicólogo español que desde marzo de 2015 llegaron a México —por decisión del Gobierno de ese país y de las víctimas— para darle transparencia y credibilidad a la investigación de la Procuraduría General.
Algo que no fue posible, pues desde el primer informe el equipo de trabajo se distanció de la línea oficial y se produjo una crisis con las autoridades mexicanas. El capítulo final se cerró esta semana con el informe de 605 páginas plagado de acusaciones y señalamientos contra el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto. Antes de dar el portazo final, los expertos le pidieron al gobierno mexicano terminar el mandato del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, quien, dicen, “actuó alejado de los estándares mínimos internacionales” y tergiversó los hechos. La Fiscalía General de México informó que investiga al jefe de la AIC y a otros funcionarios por irregularidades en las indagatorias del caso Ayotzinapa.
Ya en un primer informe de la GIEI, presentado en septiembre del año pasado, los expertos revelaron muchas irregularidades, pusieron en entredicho el papel del Ejército en la desaparición de los normalistas y tumbaron la verdad oficial de los hechos. En el segundo informe, presentado el domingo pasado, fueron más contundentes: denunciaron que “la Procuraduría obstruyó la investigación, manipuló pruebas, torturó a detenidos, encubrió al Ejército”, etc. Tras un año de trabajo esto es lo que dejan los expertos internacionales en México.
