El 27 de octubre de 2013, Silvia Vargas recibió la noticia de que su hijo, Víctor Paredes, de 30 años, había sido condenado a muerte en Malacia. Hace unos días Víctor le había dicho que dejaría Bolivia por un viaje de negocios, que iba a regresar en 20 días y que su hijo, el nieto de Silvia, a cargo de una amiga.
Tres años más tarde, la noticia llegó a través de una llamada telefónica: “mamá, no lo logramos, por favor cuida a mi hijo, dile que lo amo”, le dijo a Victor a su madre el pasado 5 de enero, cuando se anunció su sentencia por llevar 450 gramos de cocaína en el estómago al momento de llegar a Malasia.
Víctor Paredes no ha sido el único latinoamericano que ha tenido que enfrentase a las duras sentencias en Malasia. Mientras espera el resultado de un recurso de apelación contra su sentencia, el caso de Felipe Osiadacz y Fernando Candia llegó a los titulares de los medios chilenos.
Recientemente, los dos jóvenes de 27 y 28 años supieron que su juicio, que había sido programado para el 29 de mayo, será postergado hasta agosto. La pesadilla empezó el 4 de agosto de 2017, cuando ambos jóvenes, que se habían conocido trabajando en nueva Zelanda, llegaron a Kuala Lumpur de vacaciones.
Allí, como se lee en uno de los comunicados que han publicado sus padres desde Chile, “se vieron envueltos en un incidente con un desenlace fatal”. Al hostal en el que se alojaban llegó un hombre malasio que, según la declaración pública realizada por los familiares de los implicados, habría estado bajo el efecto de “diversos estupefacientes”.
El hombre, que les pedía dinero y habría intentado agredirlos con los pedazos de un espejo roto, habría muerto de un ataque al corazón. Si no logran probar ante las autoridades malayas que no tuvieron nada que ver con la muerte del hombre, se enfrentan, como el boliviano Víctor Paredes, a la pena de muerte en la horaca.
-¿Desamparados?-
El pasado 25 de febrero, el ministro de la Presidencia Alfredo Rada anunció que el gobiern de su país intervendrá en el caso de Paredes: “Estamos en la obligación porque somos defensores de la cultura de la vida, estamos para defender la vida de todo boliviano dentro y fuera del país”, anunció el funcionario que subrayó que se tomarían todas las medidas diplomáticas necesarias para preservar la vida de Paredes.
En chile, los familiares de Felipe Osiadacz y Fernando Candia junto a senadores y diputados se han encargado de presionar la intervención del presidente Sebastián Piñera.
El diputado Gabriel Silber pidió al gobierno “ser más proactivo en la materia”, pues la asistencia consular que habían recibido los jóvenes “no se ve judicialmente simétrica a la defensa que requieren chilenos que hoy se debaten entre la vida y la muerte”.
