El expresidente francés Nicolas Sarkozy será juzgado en 2025 por presuntamente haber recibido dinero del difunto dictador libio Muamar Gadafi para financiar una de sus campañas electorales, anunció el viernes la fiscalía.

En el juicio se presentarán pruebas que apuntarían que el derechista, junto a otros 12 coacusados, conspiró para obtener dinero del líder libio con el fin de financiar ilegalmente su victoriosa candidatura a presidente en 2007.

Sarkozy, que se ha enfrentado a una letanía de problemas legales desde su único mandato, niega estas acusaciones, las más graves a las que se enfrenta.

A los 68 años, ya fue condenado dos veces por corrupción y tráfico de influencias en casos distintos relacionados con intentos de influir en un juez y con la financiación electoral. Sarkozy apeló en ambos casos.

Entre los otros acusados por la presunta corrupción libia están la antigua mano derecha de Sarkozy, Claude Gueant; su entonces tesorero de campaña, Eric Woerth, y el antiguo ministro Brice Hortefeux.

Tras diez años de investigaciones, los jueces encargados de la investigación han seguido en líneas generales las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), que considera que Nicolas Sarkozy tenía “pleno conocimiento de los hechos” de las acciones de las que se acusa a sus allegados.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de las revelaciones del sitio web de investigación Mediapart, que publicó un documento que supuestamente demostraba que Gadafi había acordado dar a Sarkozy, con quien mantenía una relación cordial, hasta 50 millones de euros (54 millones de dólares al cambio actual).

Estas últimas semanas, Sarkozy volvió a ser noticia tras publicar el segundo volumen de sus memorias y sugerir que las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia en la reciente invasión podrían necesitar ser reconocidas como rusas.

También dijo que la región anexionada de Crimea seguiría siendo rusa y que “cualquier vuelta a como eran las cosas antes es una ilusión”.

Sarkozy se enfrenta a otra investigación por posible tráfico de influencias tras recibir un pago de la aseguradora rusa Reso-Garantia de tres millones de euros (3,2 millones de dólares actuales) en 2019 mientras trabajaba como asesor.