Entre el humo, las llamas y la angustia que consumieron el centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, se escucharon los gritos desesperados de una mujer, una escena captada en un video que se viralizó en Latinoamérica, sobre todo en México, donde ocurrió el incendio, en el que murieron 40 migrantes.

Se trata de Viangly Infante, una venezolana que viajó con sus tres hijos y su pareja en busca de una mejor vida en Estados Unidos. De hecho, era a su pareja a quien llamaba desesperadamente. Para fortuna de la familia, el hombre sobrevivió al incendio y estaba con vida en la ambulancia que aparece en el mismo video.

Infante vivió en Colombia por cuatro años y había regresado a Venezuela. No era su primera experiencia migrando, pero esta vez, como contó a BBC Mundo, decidió tomar un riesgo mayor buscando mejores oportunidades para sus tres hijos.

Se aventuró a viajar por la selva, pasando por Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala antes de enfrentarse al hostil panorama que recibe a los migrantes en México, el último escalón antes de lograr llegar a EE. UU. “Mi paso por México me pareció más duro que la selva. Aquí a los migrantes nos venían robando cuando yo viajé, tenías que dar dinero a cada rato. Luego Migración está continuamente agarrándonos, encerrándonos. Eso es inhumano y son cosas que no viví en la selva”, afirmó en la entrevista.

Y es que México tiene una particular tradición desde épocas del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) muy cuestionada por organizaciones de derechos humanos: responder con unidades del Ejército al flujo migratorio que llega al país. Y cuando no son reprimidos por la fuerza del Estado, se enfrentan a organizaciones implicadas en el tráfico de personas, los llamados “coyotes”, que ofrecen acompañamiento en el paso ilegal hacia Estados Unidos.

“Las historias son terribles. Estamos muy preocupados porque estamos viendo que se está dando en el Darién lo que venimos viviendo durante muchos años acá en México, tenemos documentados casos donde nos reportan violación sexual a mujeres, hay personas que refieren que encuentran cuerpos sin vida en el camino. Tuvimos un caso la semana pasada de personas venezolanas que nos llegaron a solicitar apoyo por personas desaparecidas también en Juárez y el testimonio que nos daba una persona de estas era que cruzaría tres veces por el Darién antes de pasar por México”, afirma Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).

En cuanto a la militarización, el informe “Bajo la bota”, apoyado por la FJEDD, informó que en abril de 2022 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, había aumentado a más de 28.000 uniformados el número de elementos de las Fuerzas Armadas para vigilar las dos fronteras. Casi tres veces más de los más de 8.000 efectivos destinados para esta labor en 2019, como recoge el informe.

Según el documento, la estrategia que implementan los militares para controlar a los migrantes que pasan por México tiene como objetivo, “en la frontera sur, disuadir el paso de personas migrantes, y en el norte impedir que abandonen el territorio nacional. El objetivo es impedir que los migrantes se acerquen a Estados Unidos”.

En este intento de controlar el flujo migratorio funcionan los centros como el que se incendió en marzo, donde estaban recluidos 68 hombres (entre ellos un colombiano, un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos) que serían deportados a sus países de origen, 40 de los cuales murieron en el accidente. Por la muerte de estos hombres, el 12 de abril se anunció una investigación a Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración de México, pues ha sido ampliamente cuestionado el respeto a los derechos humanos en el trato a quienes son capturados migrando de forma irregular.

Inicialmente, la actitud fue responsabilizar a las personas recluidas. “Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron, a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados”, dijo el presidente López Obrador. “Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego, y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia”, agregó el mandatario.

Sin embargo, organizaciones como la FJEDD han cuestionado el proceder del Estado en todas las diligencias e investigaciones en torno al incendio, llegando a interponer una denuncia penal que les permitiera participar del proceso.

“Lo que más nos preocupaba es todo el tema que tenía que ver con la identificación de los restos, con todas las pruebas forenses que se tienen que hacer a los restos. Tenemos algunos testimonios de que algunas personas podrían haber sido torturadas estando en la estación en la estancia migratoria. Tiene que haber muy buenas pruebas periciales realizadas sobre los cuerpos para saber si hay algunas señales de tortura”, afirma Delgadillo.

Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), citado por la AFP, “desde 2014, unos 7.661 migrantes fallecieron o desaparecieron en el trayecto hacia Estados Unidos desde 2014 y 988 perecieron en accidentes o por viajar en condiciones infrahumanas”.

Es en la gestión de la identificación y repatriación de los cuerpos cuando se hace evidente uno de los grandes problemas que enfrentan los migrantes venezolanos: la invisibilización y el desinterés por parte del Estado.

“Enviamos a los gobiernos de Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Colombia una comunicación diciendo que era importante que ellos se constituyeran en las investigaciones para coadyuvar representando a las víctimas, a sus nacionales (…) de Venezuela no hemos tenido ninguna respuesta desafortunadamente. Lo que sabemos, por conversaciones que hemos tenido con población venezolana en el exilio, es que no hay ninguna posibilidad de que puedan tener respuesta de sus propias instituciones”, cuenta Delgadillo.

En esta misma línea, Liga Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, afirma que esta falta de interés en involucrarse en el proceso de repatriación de los restos es muestra de que “al Gobierno le importa muy poco la población venezolana dentro o fuera del país. Esto es simplemente el reflejo de lo que de lo que le pasa a la población en todas partes, sumado al hecho de que Venezuela no admite tener una actitud de negación con respecto al tema de la migración, dice que las cifras son exageradas”.

En total, 12 venezolanos murieron en los hechos de Ciudad Juárez. Como ellos, o como Viangly y los cuatro integrantes de su familia, según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la OIM, más de siete millones de venezolanos habían migrado en septiembre de 2022.

Sin embargo, Bolívar afirma que la prioridad de los migrantes no es ser visibilizados ni reconocidos por las instituciones venezolanas: “Eran ciudadanos sin derechos en Venezuela, entonces simplemente a ellos no les interesa que los visibilicen en el país. Lo que les interesa es llegar a su país de destino, a ver si allí logran tener esa visibilidad, o por lo menos alguna oportunidad”. Y agrega: “No creo que ningún venezolano vaya a dejar de salir del país diciendo: ‘Ay, si me matan en México, el Gobierno venezolano no va a reclamar el cadáver’. Eso no va a pasar”.

La invisibilización estatal y la crudeza con la que son tratados los migrantes en países como México no parecen ser factores que disminuyan el flujo migratorio. Los gobiernos de los países involucrados en las rutas que usan estas personas parecen más interesados en deshacerse pronto de los migrantes que en buscar una solución al problema. De hecho, esta era la función del centro migratorio: recluir a los migrantes atrapados hasta que fueran deportados a sus países.

En búsqueda de afrontar esta crisis migratoria aparecen en el panorama iniciativas como la Cumbre sobre Migración y la Cumbre sobre Venezuela, ambas propuestas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la que asistirán representantes de países de Latinoamérica y Europa. Estos dos eventos servirán para abordar el problema según la intención con que cada gobierno asista a estos dos eventos, afirma Bolívar.

Y es que aunque la Cumbre sobre Venezuela parece apuntarles a intereses más políticos que migratorios, ambos temas pueden estar ampliamente relacionados.

“Pensaría que es necesario hablar de las causas y las consecuencias de los problemas de Venezuela. Las causas están adentro, las consecuencias están afuera. Hay que hablar de las dos, hay que hablar de las causas de la emergencia humanitaria, lo que es la pérdida de derechos en el país, la pérdida de institucionalidad democrática en general y de Estado de derecho. Las consecuencias son los más de siete millones de personas que han tenido que salir y que seguirán saliendo”, concluye Bolívar.

Sin embargo, varios analistas han advertido ya posibles señales de alineación entre del discurso oficial colombiano con el discurso de Nicolás Maduro negacionista de la migración, no solo en las declaraciones públicas, sino en el manejo de las cifras oficiales, entre otros ámbitos. Esto, señalan, es contraproducente a la hora de abordar el desafío de la integración.