El Congreso de Ecuador decidió otorgarle una amnistía a 268 indígenas, ambientalistas y políticos judicializados por participar en el 2019 en las violentas protestas contra el gobierno que dejaron once muertos, algo que el presidente Guillermo Lasso calificó de “injusticia”.
Este perdón gubernamental también cobija a los defensores de territorios comunitarios, así como a administradores de justicia indígena, reconocida por la Constitución.
“Con 99 votos, el #PlenoLegislativo concede amnistías a 268 ciudadanos que fueron judicializados por ejercer el derecho propio y derechos colectivos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales”, señaló la unicameral Asamblea Nacional en Twitter.
Por otro lado, el Parlamento, con 137 escaños, en el que fuerzas de oposición dispersas suman mayoría, otorgó las amnistías en una sesión que se instaló el miércoles y se extendió hasta la madrugada del jueves.
El presidente Lasso, quien asistirá a la toma de posesión del mandatario chileno Gabriel Boric el viernes, expresó su desacuerdo con la decisión del Legislativo. Considera que se “cometió un acto de injusticia” debido a la violencia y el vandalismo que desataron las protestas de octubre de 2019, durante las cuales manifestantes ocuparon la sede del Congreso e incendiaron el edificio de la Contraloría. “El legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros”, escribió el presidente.
Adicionalmente, indicó que los asambleístas olvidaron que Quito estuvo “en llamas, familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas. Respaldo a los quiteños y a la fuerza pública ante la decisión”.
Reivindicación
Entre los beneficiados figuran 60 judicializados por “ejercer el derecho a la resistencia y protesta social” en las manifestaciones encabezadas por indígenas, contra el entonces mandatario Lenín Moreno, ya que durante su gobierno incrementaron los precios de combustibles. Estas protestas dejaron once muertos y más de 1.300 heridos, incluidos miembros de la fuerza pública, lo que obligó al gobierno a dar marcha atrás.
Leonidas Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la mayor organización indígena del país, y opositor de Lasso; la prefecta (gobernadora) de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, Paola Pabón; y otros políticos afines al exmandatario Rafael Correa, quien vive en Bélgica desde hace cinco años, se encuentran en la lista de los favorecidos.
Moreno fue vicepresidente de Correa en los primeros seis años de su gobierno socialista y a partir de 2017 ambos sostuvieron una enconada pugna de poder. El correísmo, opositor a Moreno y Lasso, es la principal fuerza legislativa, y cuenta con casi 50 curules, seguida por el movimiento indígena, que cuenta con 25.
“LOGRAMOS la #AmnistiaYa para luchadores sociales y defensores/as de los derechos”, expresó en Twitter la Conaie, que lideró las protestas de 2019 y participó en revueltas que derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005.
Iza señaló en la misma red social: “Con esto se reivindica la lucha social, el derecho a la resistencia y la democracia. La lucha contra el neoliberalismo continúa”.
El Legislativo en Ecuador tiene la facultad de conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, de acuerdo con la Constitución de este país.
