Más de una semana después de que Nicaragua anunciara la excarcelación de 222 personas y su destierro hacia Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se pronunció sobre el tema.
En un comunicado, la Cancillería dijo que considera la excarcelación de ese grupo de ciudadanos el pasado 9 de febrero es “un paso importante para el dialogo nacional”; sin embargo, “lamenta la iniciativa gubernamental de promover en la Asamblea Nacional la reforma de los artículos de la Constitución Política que regulan las condiciones de adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad, como resultado de la cual se retiró la nacionalidad nicaragüense a los 222 ciudadanos excarcelados”.
El presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, el magistrado Octavio Rothschuh Andino, dijo ese día que los “deportados” habían sido sentenciados “por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”.
La excarcelación fue en su momento calificada de “positiva” por Estados Unidos (que facilitó el traslado de las personas hacia el país norteamericano), la Unión Europea, entre otros.
Sin embargo, la privación de la nacionalidad fue condenada por organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Cancillería en su comunicado también manifestó su “preocupación por la decisión de retirar también la nacionalidad nicaragüense a otros 94 ciudadanos, anunciada por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Managua el 16 de febrero de 2023″.
Se trata de un grupo de opositores entre los que se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, informó este jueves su portavoz.
“Estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte”.
El Gobierno de Colombia, desde el principio de la actual administración, no ha estado exento de polémicas por su postura frente a Nicaragua. Por ejemplo, su ausencia en una votación en la OEA para condenar las agresiones del régimen de Daniel Ortega produjo muchas críticas; posteriormente la Cancillería explicó que la ausencia se debió buscaba no “comprometer” una labor humanitaria que estaba llevando a cabo en ese país.
A Managua, como embajador, además fue enviado León Fredy Muñoz, un nombramiento que fue criticado, pues el excongresista es investigado por tráfico de estupefacientes.
En su comunicado, el Ministerio finalmente hizo un llamado para “generar medidas de confianza que contribuyan a la reconciliación nacional, al respeto del Estado de derecho y al bienestar del pueblo nicaragüense”.
