Varios países de América Latina se enfrentan a un desafío crítico para los gobiernos de la región: el auge de los llamados pagadiarios y los préstamos gota a gota. Se trata de préstamos informales a corto plazo, caracterizados por tasas de interés exorbitantes y que, en muchos casos, incluyen métodos coercitivos para la recaudación de pagos. Esta práctica, que ha permeado significativamente la sociedad, sobre todo en sectores de bajos recursos, ha devenido en una problemática que no solo afecta al individuo sino a toda la sociedad.

Los prestamistas gota a gota utilizan la violencia y el sicariato como herramientas comunes en su arsenal. Este enfoque agresivo crea un clima de inseguridad y temor, especialmente en aquellos estratos más vulnerables que son su blanco principal, ya que no encuentran opciones en la banca tradicional para solventar sus necesidades de crédito.

Un ensayo académico de la Universidad Militar Nueva Granada, en Colombia, publicado por Felipe Oswaldo Borráez en el año 2020 destaca cómo estas estructuras ilegales aprovechan las necesidades económicas urgentes de la población, incluyendo amas de casa, conductores de servicio público, comerciantes informales y microempresarios, para obligarlos a pagar intereses excesivos que superan con creces los límites de usura de cualquier país.

Angélica Corrales y Evelyng Torres, en su tesis analizaron los “factores determinantes en la toma de un crédito gota a gota por la población de Palmira (Valle del Cauca)”. En su investigación, basada en encuestas a más de 400 personas del municipio, evidenciaron varios factores que dan luces de por qué, pese a ser una práctica riesgosa y peligrosa para el solicitante, hay una inclinación o preferencia por el crédito gota a gota.

Entre los aspectos más reveladores se encuentran la falta de educación financiera de la población y la falta de acceso a servicios financieros formales, bien sea porque el solicitante es informal (60 % de los encuestados) o porque se encuentra reportado en las centrales de riesgo y esto le impide acceder nuevamente al sector bancario tradicional.

Adicionalmente, otros factores que contribuyen al pagadiario son la agilidad en la entrega del dinero, la aprobación inmediata, la facilidad de acceso y la percepción de tasas de interés más bajas que en el sistema bancario. Se suma a todo ello la posibilidad de obtener un crédito de bajo monto y de no necesitar un fiador.

Una sociedad endeudada y atemorizada

El impacto de los pagadiarios en la seguridad ciudadana va más allá de las consecuencias individuales. La falta de regulación gubernamental y recursos policiales enfocados en contrarrestar esta práctica contribuye a la creación de un ambiente inseguro y propicio para la proliferación de la criminalidad. Adicionalmente, la ausencia de denuncias por temor a represalias dificulta la obtención de datos actualizados sobre la magnitud del problema, lo que subraya la necesidad de abordar este fenómeno desde múltiples perspectivas.

La adaptación y la globalización de estas prácticas por parte de organizaciones mafiosas se convierten en un elemento clave que contribuye a su expansión transnacional. La antropóloga colombiana Laura Falla, residente en Brasil, se ha dedicado a estudiar la importancia de analizar la construcción de vínculos en red entre los agentes económicos y cómo estas interconexiones se traducen en poderosas estructuras que trascienden fronteras. Según la investigación, ya son 13 de los 20 países de América Latina los que sufren este problema, lo que evidencia la urgencia de una cooperación internacional para abordarlo.

Recientemente, el periódico colombiano Vanguardia reseñó la investigación de Falla y resaltó la proliferación de estructuras criminales en toda la región, dirigidas por oficinas de Medellín y Antioquia, algo comparado solo con la época de Pablo Escobar, cuando Medellín obtuvo el deshonroso título de la ciudad más peligrosa del mundo (1991).

Siguiendo la herencia de Escobar, cobradores expertos en crimen con “acento paisa” se hacen sentir en América Latina, incluso en países de otro idioma diferente al español, como Brasil, menciona la investigadora. Según sus hallazgos, 6 de cada 10 prestamistas son de origen colombiano, y más exactamente antioqueño. La explicación a este fenómeno ya la intentó resolver un artículo de la BBC que menciona que “uno de los motivos por los que se multiplicaron los grupos delictivos colombianos en otros países es la diáspora de las grandes bandas criminales provocada por el combate al crimen organizado en ese país”.

SOS: Se requiere atención prioritaria y urgente

Ante este panorama, se proponen soluciones integrales para contrarrestar los efectos negativos de los pagadiarios en la seguridad ciudadana y la economía de las comunidades afectadas.

1. Regulación gubernamental. La implementación de políticas regulatorias efectivas es imperativa para supervisar y controlar las prácticas de préstamos informales. Estas regulaciones deben incluir sanciones significativas para aquellos que participan en actividades ilegales. El establecimiento de un marco legal sólido es esencial para desincentivar la proliferación de los pagadiarios.

2. Educación financiera. La prevención emerge como un componente clave en la lucha contra los pagadiarios. Fomentar la educación financiera en comunidades vulnerables puede reducir la propensión a caer en la trampa de estos préstamos informales. Las estrategias educativas deben abordar los riesgos asociados y ofrecer alternativas seguras, promoviendo la toma de decisiones financieras informadas.

3. Fortalecimiento de la economía formal. Facilitar el acceso a servicios financieros legítimos y fortalecer la economía formal son pasos esenciales para reducir la dependencia de los préstamos informales. Esto implica promover oportunidades de empleo y desarrollo económico en comunidades afectadas, generando alternativas viables y sostenibles.

4. Coordinación internacional. Dada la naturaleza transnacional de los pagadiarios, se requiere una mayor cooperación entre los gobiernos nacionales y una coordinación efectiva entre autoridades para enfrentar las organizaciones criminales que desempeñan estas prácticas ilegales.

Estas soluciones no solo buscan abordar la problemática desde un enfoque reactivo, sino también promover la prevención y el fortalecimiento de las comunidades afectadas. La regulación gubernamental, la educación financiera y el fortalecimiento de la economía formal representan pilares fundamentales en la lucha contra los pagadiarios, contribuyendo a la construcción de entornos más seguros y estables para las poblaciones vulnerables.

Se revela la urgencia de abordar esta problemática desde diversas perspectivas, reconociendo su impacto tanto a nivel individual como colectivo. La falta de políticas públicas efectivas y la adaptación de estas prácticas por parte de organizaciones mafiosas exigen una respuesta integral.

La implementación de regulaciones, la promoción de la educación financiera y el fortalecimiento de la economía formal son esenciales para contrarrestar los efectos negativos de los pagadiarios y avanzar hacia sociedades más seguras y sanas.

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