Tras meses de giros y negociaciones, los diputados españoles deben votar el jueves una polémica ley de amnistía para los independentistas catalanes, una medida clave que condiciona el resto de la legislatura del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez.
El texto, que el Partido Socialista (PSOE) negoció con los dos principales partidos separatistas catalanes, es una de las medidas más controvertidas que ha pasado por el Parlamento desde la llegada de Sánchez al poder en 2018, y genera divisiones tanto en la opinión pública como en las filas socialistas.
La votación se produce, además, en plena tensión entre el gobierno de izquierda y el Partido Popular (PP, derecha), la principal formación de la oposición, que se cruzan diariamente acusaciones de corrupción desde hace semanas.
La crispación alcanzó incluso los homenajes realizados el lunes en recuerdo de las 192 víctimas de los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, durante los que el PSOE y el PP volvieron a chocar en público sobre la gestión realizada por el gobierno de derechas de la época.
Y, en este clima, la probable aprobación de la ley de amnistía no parece que vaya a calmar los ánimos. En caso de ser finalmente aprobado, el texto debe llevar a los tribunales a retirar los cargos contra activistas y dirigentes independentistas por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea. Según el ministro español de Justicia, Félix Bolaños, la amnistía debe beneficiar “en torno a 400 personas”.
Duro revés para Pedro Sánchez
Hace casi tres años, Sánchez indultó a nueve independentistas condenados por su participación en la tentativa separatista, aunque durante la campaña para las legislativas de julio aseguró que se oponía a una amnistía.
Tras los comicios, acabó cambiando de opinión, ya que los resultados convirtieron en esencial el apoyo de las dos formaciones independentistas catalanas, Juntos por Cataluña (JxCat) e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), para lograr su reconducción al poder.
Sin embargo, la votación del primer texto negociado, el pasado 30 de enero, acabó con un duro revés para Sánchez, después de que los siete diputados de JxCat votaran en contra de un texto que juzgaron insuficiente.
Esta formación separatista de línea dura está dirigida por el expresidente regional Carles Puigdemont, quien se instaló en Bélgica desde 2017 para esquivar a la justicia española. El temor del exdirigente catalán era que aquella versión del proyecto de ley no le protegiera contra eventuales causas por terrorismo o traición. Un mes después, la más alta instancia judicial española anunció una investigación contra él por un presunto delito de “terrorismo”.
Los socialistas tuvieron que retomar entonces las negociaciones, tratando de sortear al mismo tiempo el riesgo de que el nuevo texto sea declarado inconstitucional. La solución encontrada fue eliminar de la nueva versión toda referencia al código penal español y adoptar como único criterio las normas europeas que dan una definición diferente de terrorismo.
“Amnistiar la corrupción”, dice la derecha española sobre la ley de amnistía
Salvo un nuevo giro de guion, el Gobierno debería contar esta vez con 178 votos, dos más de la mayoría absoluta necesaria. El texto pasaría después al Senado, controlado por el PP, que ya anunció que hará todo lo posible por retrasar al máximo su trámite. Por último, tendrá que regresar al Congreso para su aprobación definitiva.
En declaraciones a la prensa desde Estrasburgo, Puigdemont estimó el miércoles que la ley podría entrar en vigor “probablemente a finales de mayo”, por lo que su retorno podría producirse en las semanas posteriores.
Por su parte, la derecha reiteró su oposición frontal a la ley. “Ustedes van a amnistiar la corrupción, van a amnistiar la violencia”, lanzó un diputado del PP, Borja Sémper, el miércoles durante la sesión semanal de control al Gobierno.
Para el PP, con la ley de amnistía, Sánchez pretende asegurarse el apoyo de los diputados separatistas catalanes necesarios para mantenerse en el poder. “Ustedes han comprado siete votos”, reprochó otro diputado del PP, Agustín Conde, con referencia a los apoyos de los diputados de Junts, a cambio de la amnistía. “Y eso también es corrupción”, agregó.
