Un jurado investigador decidió el lunes no acusar formalmente a Darren Wilson en la muerte de Michael Brown, un joven negro desarmado cuyo fallecimiento a balazos a manos de un agente blanco desato protestas durante semanas y expuso fuertes tensiones raciales.

En cuestión de minutos luego del anuncio efectuado por el fiscal principal del condado de San Luis, multitudes comenzaron a salir a las calles de Ferguson para protestar la decisión. Algunos individuos insultaron a la policía, mientras que otros destrozaron cristales y vehículos. También se escucharon varios balazos. Los agentes arrojaron humo y gas pimienta para dispersar a la gente.

Bob McCulloch, fiscal del condado de San Luis, dijo que el jurado integrado por nueve personas blancas y tres negras se reunió semanalmente durante 25 días y escuchó más de 70 horas de testimonios de unos 60 testigos, incluidos tres médicos forenses y otros expertos en sangre, toxicología y armas de fuego.

Hizo énfasis en que los jurados fueron «las únicas personas que escucharon a cada testigo … y todas las piezas de evidencia». Agregó que muchos testigos presentaron declaraciones contradictorias que a fin de cuentas fueron inconsistentes con la evidencia física.

«Estos miembros del jurado pusieron sus corazones y alma en este proceso», agregó.

Mientras McCulloch leía su comunicado, la madre de Brown, Lesley McSpadden, estaba sentada en el techo del vehículo escuchando una transmisión radiofónica del anuncio. Cuando oyó la decisión, rompió en llanto y comenzó a gritar antes de que gente que la apoya la retirara del lugar rápidamente.

La multitud estalló en rabia, dirigiéndose hacia una barricada donde policías con equipo antimotines estaban inmóviles. La muchedumbre empujó la barricada y comenzó a lanzar objetos a los agentes, incluido un megáfono. La policía se mantuvo en su posición.

Se habrían requerido al menos nueve votos para acusar formalmente a Wilson. El panel se reunió en secreto, una práctica estándar para este tipo de procedimientos.

En declaraciones durante casi 45 minutos, un McCulloch a la defensiva citó reiteradamente lo que calificó como inconsistencias y narraciones erróneas de testigos. Cuando un reportero le preguntó si alguna de esas declaraciones equivalía a perjurio, respondió: «pienso que ellos realmente cree que eso es lo que vieron, pero no lo fue».

El fiscal también fue crítico con la prensa, diciendo que «el reto más significativo» para su oficina fue «un ciclo de noticias de 24 horas y un apetito insaciable por algo, lo que fuera, sobre qué hablar».

Los familiares de Brown emitieron un comunicado en el que dijeron estar «profundamente contrariados» por la decisión, pero pidieron que el público «canalizara su frustración en formas que generen un cambio positivo. Necesitamos trabajar juntos para componer el sistema que permitió que esto ocurriera».

El presidente Barack Obama pidió calma y comprensión, suplicándole tanto a los residentes como a la policía que se contengan.

«Somos una nación construida bajo el estado de derecho, así que necesitamos aceptar que esta decisión le correspondía al jurado de instrucción», afirmó Obama. Agregó que era comprensible que algunos estadounidenses estuvieran «profundamente decepcionados, incluso enojados», pero hizo eco del llamado de los padres de Brown para que cualquier protesta sea pacífica.

El Departamento de Justicia efectúa una investigación por separado de posibles violaciones a los derechos civiles que podrían resultar en que se apliquen cargos federales. Dicha entidad también puso en marcha una investigación amplia en torno al Departamento de Policía de Ferguson en busca de patrones de discriminación.

La balacera ocurrida el 9 de agosto encendió tensiones en el suburbio de San Luis predominantemente de raza negra que es patrullado por una fuerza policiaca integrada en gran medida por blancos. Mientras el cadáver de Brown permanecía durante horas a la mitad de una calle residencial, una enojada multitud de transeúntes se reunió. Ocurrieron disturbios y saqueos la noche siguiente, y la policía respondió con vehículos blindados y gas lacrimógeno.

Las protestas continuaron durante semanas, frecuentemente pacíficas, pero en ocasiones se tornaron violentas. El gobernador de Missouri, Jay Nixon, convocó brevemente a la Guardia Nacional.

Afuera del Departamento de Policía de Ferguson el lunes por la noche, la policía del condado San Luis utilizó un megáfono para ordenarle a la multitud que se dispersara, diciéndole que la asamblea se había convertido en ilegal. Los manifestantes desafiaron las órdenes y algunos corearon «asesino». Minutos más tarde se escucharon cuatro disparos en la calle.

Horas antes de que se publicara la decisión, Nixon instó a la gente a mantenerse pacífica mientras se presentaba en una conferencia de prensa acompañado del director de seguridad pública del estado y los líderes de la ciudad y el condado de San Luis.

«Nuestra esperanza y expectativa compartida es que, independientemente de la decisión, la gente de todas las partes muestre tolerancia, respeto mutuo y se contenga», dijo Nixon.

Algunos líderes negros y los padres de Brown cuestionaron la capacidad de McCulloch para ser imparcial. Su padre, madre, hermano, tío y primo trabajaron para el Departamento de Policía de San Luis, y su padre murió en 1964 cuando respondía a una llamada que involucraba a un sospechoso negro. McCulloch tenía 12 años entonces, y la muerte se convirtió en un sello en su primera campaña para ser elegido al cargo de fiscal.

Nixon rechazó buscar el retiro de McCulloch en el caso Brown, pero también le exigió que procese enérgicamente a Wilson, quien ha estado en la fuerza policiaca de Ferguson durante menos de tres años. Antes de este empleo, Wilson fue agente durante casi dos años en Jennings, otro suburbio de San Luis.