Tras matar el sábado por la espalda a cuatro uniformados, la guerrilla negó su responsabilidad. El ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón dijo que está probado el delito de lesa humanidad.
El gobierno colombiano afirmó que está comprobado que la guerrilla de las FARC cometió un crimen de guerra al ejecutar a cuatro rehenes, tras conocerse este miércoles un reporte forense que habla de asesinatos con tiros de gracia a quemarropa.
La muerte de un militar y tres policías se produjo el sábado pasado, cuando tropas militares se aproximaron a un campamento donde cerca de 40 miembros de lasFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) custodiaban a los secuestrados, en un sector selvático del departamento de Caquetá (sur). Al entrar al lugar, los militares encontraron el cuerpo del sargento del Ejército Libio Martínez, que estaba a punto de cumplir 14 años en cautiverio y era el rehén más antiguo de las FARC, así como los cadáveres de tres miembros de la Policía: el coronel Édgar Yesid Duarte, el capitán Elkin Hernández y el intendente Álvaro Moreno.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que tres de los cuerpos presentaban disparos en la cabeza y uno en la espalda, en todos los casos efectuados a una distancia inferior a un metro y medio y con armas de alta velocidad. «Este dictamen confirma que lo que aquí hubo fue un crimen de lesa humanidad, que está rechazando toda la comunidad internacional y el pueblo colombiano.
Lo más importante es que esto no puede quedar en la impunidad y debe concretarse en penas y sentencias apropiadas para estos criminales», dijo Pinzón al término de un funeral de Estado.
Los asesinados estaban secuestrados junto con el sargento de la Policía Luis Alberto Erazo, quien se salvó porque escapó cuando un guerrillero le disparó y se refugió en la selva por varias horas, hasta que se encontró con militares que le prestaron ayuda. Erazo, que recibió heridas en el rostro y el cuello por los disparos que le hizo uno de sus custodios, relató este lunes que se salvó de ser ejecutado porque corrió para fugarse, mientras que sus compañeros atendieron órdenes de los guerrilleros en el sentido de que si se aproximaba el Ejército debían huir con ellos para no quedar en medio del fuego cruzado. Los guerrilleros que estaban en el campamento huyeron por la selva, pero los militares capturaron a Sandra Vásquez, alias «Rosalba», quien permanece detenida en Florencia, la capital de Caquetá, y afronta cargos de homicidio en persona protegida, secuestro extorsivo, terrorismo y rebelión. La guerrillera dijo ante un juez de control de garantías que no tuvo nada que ver en el asesinato de los rehenes, pero admitió que la célula de la que formaba parte tenía la orden de matarlos si se aproximaban militares.
