Hace tres meses Estados Unidos anunció una batería de medidas para afrontar el fin del Título 42, la medida puesta en marcha durante el gobierno de Donald Trump, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, que servía para expulsar migrantes de forma exprés con argumentos sanitarios.

En su lugar, a partir del 12 de mayo pasado, volvió a regir el Título 8, que contempla medidas mucho más severas para las personas que crucen la frontera de forma irregular.

“Se espera que al restablecer el procesamiento conforme al Título 8 se reduzca el número de cruces fronterizos reiterados a lo largo del tiempo, que aumentaron de manera significativa durante la vigencia del Título 42”, explicó en abril pasado el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Las consecuencias más severas para quienes crucen de forma considerada ilegal en Estados Unidos, bajo el Título 8, incluyen “la prohibición de reingreso por al menos cinco años y el posible procesamiento penal ante intentos reiterados de ingresar en forma irregular”.

Uno de los instrumentos anunciados para esta transición fue la apertura de oficinas de Movilidad Segura en países como Colombia y Guatemala. Su objetivo, según explica la página oficial del programa, es “dirigir a las personas refugiadas y migrantes a las rutas legales, y ayudarles a evitar riesgos asociados a la movilidad humana”.

Con una particularidad: por lo menos en Colombia, la idea no es atender población con esta nacionalidad, sino procesar solicitudes de ciudadanos venezolanos, haitianos o cubanos, que para el 11 de junio de este año ya estuvieran en territorio colombiano.

Estas tres se caracterizan por ser nacionalidades significativas en el número de cruces fronterizos irregulares hacia Estados Unidos por parte de personas que probablemente hicieron una travesía que pasó el Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá.

La idea con estos centros, básicamente, es que sirvan para procesar solicitudes de personas de estos países que quieran migrar a los Estados Unidos conforme a las normas y que serán “consideradas para programas de admisión de refugiados y humanitarios, y otras vías de admisión legal a los Estados Unidos u otros países que puedan ofrecer estas oportunidades”.

Hace un mes se habilitó la página web para hacer las solicitudes, y en cuestión de horas se copó la capacidad. Desde entonces, no se han dispuesto más cupos.

Y aunque organizaciones como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) serán aliados en la implementación, fuentes con conocimiento del tema confirmaron que están a la espera de que los gobiernos terminen de ponerse de acuerdo para poner en marcha los centros de atención.

En diálogo con este diario, el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco J. Coy, explicó que, en efecto, el proceso no es sencillo, pues hay que acordar varias condiciones, para lo que se han hecho varias reuniones. “Estamos cerca de un acuerdo final para suscribir en próximos días, en el que se refleja el interés de Estados Unidos, pero también elementos sobre Colombia que insistimos que quedaran en el documento”, contó el alto funcionario.

Entre los puntos por definir están las ciudades en donde se abrirán estas oficinas, que en principio serían tres. Según el viceministro, con la apertura del proceso de solicitud de citas se pudo “ver más o menos en qué lugares están los solicitantes, y a partir de ahí empezamos la discusión sobre los sitios”.

Contó que, dado que una de las nacionalidades a las que va dirigido el programa es la venezolana, resultaba natural pensar que uno de los puntos podría estar en Cúcuta, por su cercanía con la frontera. Sin embargo, cuenta que la mayoría de las solicitudes vinieron de zonas de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca.

Mientras que Colombia sirve como facilitador de los procesos migratorios hacia Estados Unidos, la compensación que espera recibir es a su vez la facilitación de procesos para connacionales que quieran emigrar al país norteamericano. Esa es la razón por la cual, explica el vicecanciller, las oficinas en cuestión no atenderán a colombianos: porque se espera que haya medidas específicas para esta nacionalidad.

Una de las que ya se anunciaron es el programa de reunificación familiar, bajo el cual Estados Unidos otorgará permisos humanitarios a quienes cumplan ciertas condiciones (como tener aprobado un formulario I-130 y aprobar una evaluación detallada), de manera que puedan entrar a Estados Unidos y quedarse hasta que su visa de inmigrante esté lista.

Según Coy, hay otros programas para fines laborales o educativos, así como el denominado Estatus de Salida Forzosa Diferida (DED), que están “en consideración” y discusión con Estados Unidos.

El Darién y la frontera sur de EE. UU.: dos realidades que contrastan

A principios de julio, tras dos meses aproximadamente del fin del Título 42, Simon Romero, Miriam Jordan y Emiliano Rodríguez Mega reportaron, para The New York Times, “escenas inusuales de relativa calma” en la zona de frontera entre Estados Unidos y México que “se derivan de una serie de acciones que ha tomado el gobierno de Joe Biden, como imponer penas más severas a los cruces fronterizos ilegales”, pero también de medidas tomadas por el Gobierno mexicano, como transportarlos hacia el sur, a lugares en el interior del país.

Se trata de una imagen que según expertos en migración probablemente no es sostenible a causa de otro factor en la ecuación: que esa “calma” contrasta con lo que sucede en el Tapón del Darién, en donde las autoridades han registrado nuevos récords de personas tratando de llegar a Estados Unidos atravesando Centroamérica.

El 21 de julio, las autoridades panameñas informaron que con lo corrido de 2023 hasta este mes se superará la cifra de cruces registrada en 2022: “Hoy sumamos 227.000 migrantes que han pasado por nuestro territorio, este mes (de julio) vamos a rebasar la fecha histórica del año 2022, cuando fueron 248.000 migrantes”, que pasaron por el Darién, dijo el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino.

La estimación es que, para el año completo, el número ascienda a cerca de 400.000 personas. Viendo por lugares de origen, según datos oficiales citados por la AFP, hasta el 30 de junio más de 100.000 venezolanos habían cruzado el Darién este año, casi la mitad del total de personas que realizaron esta ruta. Les siguen los haitianos (con cerca de 33.000), ecuatorianos (más de 25.000) y chinos (más de 8.500).

¿Qué viene?

En cuanto al futuro de las oficinas de Movilidad Segura, el viceministro Coy insiste en que el objetivo es procesar solicitudes de protección migratoria; es decir, asilo y refugio. Pero es enfático, además, en que aplicará para las personas de las nacionalidades escogidas (Venezuela, Haití y Cuba) que ya estaban en Colombia el 11 de junio de este año, y que solo este país es desde donde se puede iniciar la postulación, pues el sitio web (Movilidadsegura.org) tiene georreferenciación.

Luego de pasar por unos “filtros”, en palabras del alto funcionario, “se les convoca a uno de los puntos a entrevista personal”, con el apoyo de Acnur y OIM, y entonces, si hay “decisión positiva” se procede con el asilo o refugio.

Por el momento, el canal para solicitar citas estará deshabilitado, pues una vez se llega al tope de 3.000 citas, la recepción se suspende hasta que esas primeras sean procesadas. No hay un tiempo estimado para que esto suceda y sea posible de nuevo agendar citas.

Sobre el bloqueo que ordenó un juez en Estados Unidos sobre la política de asilo del gobierno de Joe Biden, expertos consultados por este diario, así como el viceministro, coinciden en que no tendrá ningún impacto sobre la puesta en marcha de estas oficinas en Colombia. “En todo caso son procesos de asilo y refugio que tienen una normativa ya establecida”, explica Coy, aunque enfatiza en que nada está definido hasta que todo esté definido.

Para este artículo, consultamos a fuentes oficiales de Estados Unidos por medio de la Embajada en Bogotá, pero al cierre de la edición no habíamos obtenido respuesta.