El 12 de octubre de 2022, a las 2:30 de la madrugada, Jorge** recibió una llamada de uno de sus siete familiares venezolanos que estaba por abordar la embarcación Reyshel 1674, con ruta de San Andrés a Corn Island, en aguas nicaragüenses, y de allí seguir a Bluefields, en territorio continental de Nicaragua, para iniciar el trayecto hacia Estados Unidos evitando el paso por el Tapón del Darién. Fue la última vez que Jorge escuchó sus voces.

Los familiares de las 13 personas venezolanas desaparecidas en esa embarcación afirman que los dos tripulantes colombianos no explicaban mucho sobre la ruta, ni daban detalles, seguramente por instrucciones de alguien a quien solo conocen como Clins Henry. Se trata de la persona a cargo del traslado, cuyo paradero se desconoce desde que las autoridades comenzaron a indagar.

Semanas más tarde, familiares de los viajeros desaparecidos pidieron apoyo al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB) en Caracas, para tratar de obtener más información sobre lo sucedido con sus seres queridos. Realizamos varias reuniones e incluso se propició un encuentro de los familiares con autoridades colombianas, pero hasta ahora no hay una idea cierta sobre lo sucedido, ni sobre el destino de las 15 personas.

Cuando estaba por cumplirse un año de la desaparición de la embarcación, quise ir a San Andrés para tratar de entender la dinámica de esta ruta, que ya habíamos documentado en un informe del CDH UCAB publicado precisamente en octubre de 2022.

La situación en julio de 2023 era ya muy diferente. En ese momento, un periodista y un fotógrafo fueron al archipiélago para captar imágenes y realizar un reportaje sobre esa ruta. No vieron ni un migrante y todas sus fotos fueron sobre las actividades de patrullaje de la Armada colombiana y rastros del paso de migrantes por los cayos.

Los cambuches improvisados en los cayos para albergar provisionalmente a los migrantes son, en sí mismos, otro problema para el archipiélago. El área protegida conocida como Seaflower comprende la mayor barrera de coral del Caribe, ubicada en toda la zona de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que fue declarada reserva de la biosfera por la Unesco en 2000. Este delicado ecosistema enfrenta una amenaza creciente, a causa de una intervención humana no controlada que incluye el vertido de plásticos, pañales y otros objetos contaminantes.

En este mar hay naufragios, pero también estafas, la Armada ha rescatado a migrantes que son abandonados en cayos, con la promesa de que otra lancha vendrá desde Nicaragua para continuar el trayecto; los traficantes desaparecen con el dinero del viaje completo. También hay transbordos de pasajeros de una embarcación a otra en alta mar, en una zona donde son frecuentes los temporales y huracanes.

Si la idea es evadir los riesgos del Darién, esta ruta marítima está mostrando que también puede estar llena de peligros. Nadie sabe cuántos quedan por el camino pues, contrario al dicho popular, el mar no ha devuelto cuerpos. Hasta diciembre de 2022 hubo cuatro naufragios que suman 59 personas, en su mayoría venezolanas.

La búsqueda sigue sin apoyo del Gobierno venezolano. Jorge y otros familiares de los desaparecidos el 12 de octubre de 2022 contactaron a la Embajada de Venezuela en Managua, pero no tuvieron receptividad, mientras Maduro sigue señalando a los países de destino de población venezolana como responsables de violaciones de derechos humanos contra los migrantes.

No hay estadísticas precisas sobre las dimensiones del tránsito por esta ruta, porque las personas no pasan por puntos de control migratorio. Sin embargo, el archipiélago tiene la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), a cargo de la regulación del tránsito y residencia en el archipiélago. Para tal fin, todo viajero debe llenar una tarjeta de turismo que consta de dos páginas, la primera de las cuales es retenida por los funcionarios de la OCCRE al llegar y la segunda se entrega al salir. Así, sería posible saber el volumen de viajeros mediante la diferencia entre quienes llegan a San Andrés y no salen. Una fuente me informó que la cantidad de no retornos se ubicó en 3.531 personas en el primer semestre de 2023, lo que permite comenzar a tener una idea del volumen de usuarios de la ruta.

Según cifras del Comando Específico de San Andrés y Providencia en los últimos 15 meses, 1.103 personas han sido rescatadas en el mar —incluyendo hallazgos en los cayos— por la Armada colombiana, de las cuales 216 son menores. De este total, 711 personas fueron rescatadas en 2022, en contraste con 392 en 2023, lo que representa una reducción de los rescates, más no necesariamente del tránsito por esta ruta. En años anteriores, la Armada registraba apenas dos o tres rescates anuales en el mar. Datos recientes de Migración Colombia también indican una disminución de registros, con 568 detecciones en 2022, en contraste con 394 hasta octubre de 2023.

Aunque los registros han disminuido, el volumen y la diversidad de la operación parecen ir en aumento. Si bien la población proveniente de Venezuela sigue ocupando el primer lugar en la ruta, los migrantes venezolanos representaron el 87 % en 2022, bajando al 73 % en 2023, al tiempo que se registra un mayor número de personas de nacionalidad ecuatoriana, vietnamita y china, entre otras, lo que indica una diversificación en los países de procedencia de quienes están usando la ruta.

Además, la melodiosa voz de la promotora de 2022 cambió por voces menos amigables, como sucedió con un guía turístico local que intentó obtener información sobre los lugares en los que son alojados los migrantes y recibió inmediatamente una llamada amenazante.

El 11 de septiembre de 2023, Migración Colombia publicó un comunicado en el que rechazaba las amenazas en contra de su directora regional en San Andrés, presuntamente, “por parte de bandas delincuenciales dedicadas al tráfico de migrantes”. Semanas más tarde, cuando estuve en San Andrés, me reuní con la representante regional de Migración Colombia, quien tenía algo más de un mes en el cargo, por lo que pensé que había llegado en remplazo de la amenazada. Le pregunté por la intimidada y resultó ser ella. Había sido amenazada una semana después de haber asumido el cargo, mediante mensajes por WhatsApp en los que describían detalles de su vida familiar. Sin duda, la operación está creciendo con un diseño más complejo de tráfico de personas, capaz de intimidar de forma casi inmediata a quienes se interponen en su camino.

Ya no se ven los migrantes, no hay fotos playeras ni day tour, pero la gente comenta, mientras toma un café en cualquier esquina, sobre albergues de donde salen grupos grandes de extranjeros cuando cae la tarde; se habla de cinco rutas, de los cambuches improvisados en los cayos…

Otro factor para tener en cuenta es la caída en cerca de un 50 % del turismo en el archipiélago después del cierre de operaciones de dos líneas aéreas de bajo costo. La crisis del turismo podría estar llevando a operadores de embarcaciones a cambiar o alternar actividades. Este escenario podría conducir al surgimiento de una “economía bonita” similar a la así calificada por un candidato a la alcaldía de Necoclí, puerta de entrada al Darién.

Tras un año de la desaparición de la embarcación Reyshel 1674 con sus 15 ocupantes, se repitió la historia, esta vez en una embarcación con 29 ciudadanos venezolanos y tres colombianos. De nuevo, pescadores en aguas de Costa Rica dicen haber encontrado parte de las pertenencias de los viajeros en un maletín donde habría varios pasaportes. El día que escribía esta nota, vi en la página de Facebook creada por Jorge y demás familiares del 12 de octubre el siguiente mensaje: “Un familiar me envía este enlace para que ingresen solo los familiares directos de los desaparecidos del 21/10”. La incertidumbre ante la falta de respuesta está sumando familiares unidos por el dolor, mientras los traficantes amenazan a quienes intentan armar este rompecabezas.

*Ligia Bolívar es investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, a cargo de la línea de derechos de migrantes y refugiados, y miembro de la red Charlas de la Bitácora Migratoria del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.

**Nombre ficticio para proteger su identidad.

*Ligia Bolívar es investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, a cargo de la línea de derechos de migrantes y refugiados. Y miembro de la red Charlas de la Bitácora Migratoria del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.