«Aquí parece que todo el país es terrorista, un alto porcentaje del país es terrorista (…) yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar», afirmó este miércoles la  fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega.

La fiscal reaccionó así durante una rueda de prensa que convocó tras una sentencia del Supremo de Venezuela que señala que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen en el Ministerio Público y solicitar la realización de análisis forenses, entre otras atribuciones de la fiscal.

«Lo que el TSJ hizo con la Asamblea Nacional ahora lo quiere hacer con el MP, es decir, continuamos en la ruptura del orden constitucional», dijo Ortega Díaz al rechazar la sentencia por considerar que está «inmotivada», pues aseguró que no señalan los motivos ni las razones de por qué los magistrados toman esta decisión.

Dijo que si se analiza la sentencia «en este momento», en el que el país atraviesa una crisis política e institucional, los derechos humanos de la ciudadanía «están en peligro».

Ortega Díaz consideró que «hay una clara intención de anular al MP con esta sentencia» y señaló que «esas acciones no son democráticas, desmantelan al Estado y más si analizamos otra sentencia donde destituyen al vicefiscal robándose funciones propias del MP».

El Supremo publicó ayer otra sentencia en la que además de declarar inadmisible un recurso que la fiscal presentó contra la Constituyente, también anuló los actos del vicefiscal Rafael González Arias y anunció que designará uno de manera «temporal» debido a que su designación no contó con la autorización del Parlamento.

Ortega Díaz reconoció que la designación del vicefiscal debe ser autorizada por el Parlamento, pero insistió en que la designación del vicefiscal es de su completa atribución.

Estas sentencias son para Ortega Díaz «una provocación contra la fiscal general» y aseguró que la Fiscalía va a seguir cumpliendo con «el rol que constitucionalmente» tiene atribuido y señaló que estas competencias otorgadas al defensor del pueblo crean «inseguridad jurídica», pues la gente debe tener la certeza de quién la va a investigar.

La fiscal general, una persona que fue vinculada anteriormente con el chavismo, ha marcado su distanciamiento del Gobierno durante los últimos meses luego de denunciar la ruptura del orden constitucional.