La Corte Permanente de Arbitraje (CPA), con sede en La Haya, dijo en su fallo de este martes que China violó los derechos soberanos de Filipinas cuando exploró en busca de recursos en torno al banco de Reed, informa Reuters. La corte también ha dictaminado que “no existe base legal para que China apele a derechos históricos sobre los recursos dentro de las áreas marítimas dentro de la línea de los nueve trazos”. Pekín reclama un 90 % de las aguas del mar del Sur de China, rico en recursos energéticos, minerales y pesqueros.
El dictamen de 47 páginas sostiene que las patrullas chinas pudieron chocar con los pesqueros filipinos y que sus trabajos de construcción en las islas han dañado arrecifes de coral de la zona.
China “no reconoce ni acepta” la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje. En un comunicado emitido pocos minutos después de que el tribunal divulgara su dictamen en La Haya, el Ministerio de Asuntos Exteriores en Pekín reiteró la posición que su Gobierno ha expresado a lo largo de todo el proceso y declaró que “la sentencia es nula y no tiene carácter vinculante”.
Pero la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje es vinculante para todos los países firmantes de la Convención de la ONU sobre la Ley del Mar (Unclos, por sus siglas en inglés), y China la ratificó en 1996.
El Gobierno chino nunca ha reconocido que la corte de arbitraje tenga jurisdicción sobre el caso y ha rechazado participar en el proceso para exponer su posición ante el tribunal de cinco árbitros, dirigidos por un ghanés. La decisión de Filipinas de llevar el caso a la corte internacional, aduce el ministerio chino, “rompe el acuerdo entre los dos Estados, viola la convención de la ONU sobre la Ley del Mar y va en contra de la práctica de arbitraje internacional”.
El Gobierno filipino, por el contrario, ha dado la bienvenida al fallo judicial y ha lanzado un llamamiento a la calma de todas las partes implicadas. “Respetamos una decisión clave como una contribución importante a los esfuerzos que se llevan a cabo para resolver las disputas en el mar del Sur de China. La decisión respeta el derecho internacional”.
Los mares del sur de China tienen un nombre evocador, pero pocos litigios han enfrentado a sus vecinos como el desatado por culpa de la soberanía de esa parte del océano Pacífico, y de dos archipiélagos, las islas Paracelso y las Spratly. Reclamadas, las primeras, por Vietnam y China, y por Filipinas y Vietnam, las segundas, la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) ha decidido este martes el futuro del conjunto. Otros tres países tienen también intereses en la zona: Taiwán, Malasia y Brunéi.
Junto a las islas hay rocas, atolones, bancos de arena y arrecifes, entre ellos el bajío Scarborough Shoal, cuyo acceso está restringido desde 2012 por Pekín. La importancia comercial de la ruta (por ahí se mueven cada año mercancías por cinco billones de dólares), y su capital pesquero, han tensado asimismo las relaciones de todas las partes. De ahí que, en 2013, tras duras acusaciones mutuas entre China y Filipinas de militarizar la zona, y varios incidentes con muertos a lo largo del tiempo (70 soldados vietnamitas en 1974 y 60 pescadores en 1988), Manila elevara el caso ante la CPA.
Estados Unidos, que mantiene acuerdos de seguridad con Taiwán y patrulla el Pacífico, defiende a su vez el derecho de navegación. Y teme, sobre todo, la expansión china en esas aguas. Aunque la proliferación de promontorios a flor de agua complica el caso, y presumiblemente habrá que decidir el uso de cada uno, en esencia, el Gobierno filipino ha pedido que se fije su derecho a explotar una parte. En particular porque, arguye, China reclama demasiada superficie y viola así la Convención de Naciones Unidas sobre la Ley del Mar.
No se trata solo de derechos históricos o de sentimientos nacionalistas más o menos heridos en los distintos países reclamantes. Por el mar del sur de China pasa un tercio del comercio mundial, o aproximadamente cinco trillones de euros al año. Es una zona rica en pesca, un asunto no baladí para China, un país históricamente obsesionado por garantizar su seguridad alimentaria. Y se calcula que bajo su fondo existen 11.000 millones de barriles de petróleo y 5,3 trillones de metros cúbicos de gas natural, según el Consejo de Relaciones Exteriores estadounidense.
Para China, también hay un componente militar. Una de las prioridades de la modernización de sus fuerzas armadas es la creación de una flota de submarinos capaces de rivalizar con los estadounidenses. Ya cuenta con una base para ellos en Sanya, en la isla de Hainan, pero varios expertos consideran que en el futuro los islotes en disputa podrían ofrecer una base más apropiada para estos navíos.
Pekín siempre ha sostenido que no militarizará las islas en disputa. Pero en los últimos dos años ha construido kilómetros de islas artificiales en las Spratly, donde ha levantado una pista de aterrizaje de 3 kilómetros de longitud y un helipuerto, y ha instalado un sistema de misiles tierra-aire.
Con sede en La Haya, la CPA es una organización intergubernamental que resuelve controversias surgidas de tratados y convenios internacionales, incluidas las fronteras territoriales y marítimas, derechos humanos, soberanía, inversiones extranjeras o el comercio a escala global. Nacida en 1899, durante la Primera Conferencia de Paz de La Haya, convocada por el zar Nicolás II de Rusia, es la institución más antigua consagrada a la resolución de disputas internacionales. Pero no es un tribunal en sentido estricto. No tiene jueces, sino árbitros, que se constituyen en forma de tribunal para resolver cada caso concreto. Eso, cuando falla la diplomacia y a petición de los Estados. Ahora lleva ahora 116 casos, y en el de Filipinas contra China hay cinco árbitros. Los encabeza Thomas A. Mensah, vicepresidente de la Fundación Internacional para el Derecho del Mar y originario de Ghana.
