La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó la apelación de Venezuela contra la reapertura de la investigación por presuntos abusos durante las manifestaciones que se presentaron en el país.
Esta decisión, adoptada de manera unánime por la Sala de Apelaciones de la CPI, significa que el caso por presuntas violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad en Venezuela va a continuar.
“La Sala de Apelaciones considera suficiente la información proporcionada para la evaluación por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares, por consiguiente se desestima la apelación de Venezuela a este respecto”, dijo la CPI.
Para miles en Venezuela, la investigación de la CPI es la única forma de tener paz. El universitario Juan Pablo Pernalete murió el 26 de abril de 2017 en Caracas, golpeado en el pecho por una bomba lacrimógena que disparó un militar durante manifestaciones contra Maduro que dejaron más de 100 fallecidos, origen de la investigación de la CPI. Tenía 20 años.
“Juan Pablo siempre salía a manifestar (…). Yo le decía: ‘Juan Pablo, tengo miedo, están asesinando a muchachos’. Él me decía: ‘Mamá, protestar no es un delito’”, relata a la AFP Elvira de Pernalete en su casa, entre balones y medallas de su hijo, que jugaba baloncesto.
Se enteró de su muerte en el centro de salud adonde había sido trasladado. “Yo me volví loca. Empecé a tirar cosas, empecé a correr (…), hasta que conseguí (el cubículo) donde estaba mi hijo (…). Le decía: ‘¡párate, Juan, párate de allí!’”, cuenta.
Altos funcionarios aseveraron entonces que el joven murió a manos de otros manifestantes por una pistola de perno, un arma para matar ganado.
“Ya habían asesinado a Juan Pablo, ahora querían también asesinar su memoria”, dice su madre.
El Estado finalmente reconoció en 2021 que el deceso se debió a una bomba lacrimógena y 13 militares fueron imputados por homicidio pero con intención de dañar, no de matar, sin fijar responsabilidad individual.
Hoy, dice Elvira, 11 están libres y otros dos, prófugos.
“Quince veces fue cambiado el fiscal y cada fiscal nos decía que debía comenzar la causa de nuevo”, narra.
Otro caso famoso es el de Anrry Chinchilla, quien murió el 26 de abril de 2019 en un barrio popular de Caracas, durante un operativo contra la delincuencia de la FAES, fuerza policial disuelta tras centenares de denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Tenía 30 años.
En el apartamento de sus padres, imágenes religiosas rodean su foto. “Te amo, papá”, dice un colorido cartel que hizo su hija de 10 años.
Gregorio, padre de Anrry, cuenta que la hermana del joven vio el crimen desde una ventana.
“Lo sacan del cuarto, lo conminan a ir al pasillo, a arrodillarse (…) y ponen una sábana en el tendedero de ropa que está ahí para evitar que los que pudiesen ver desde algún lado viesen (…) y fue cuando ella manifiesta que escuchó los últimos tres tiros”, cuenta Gregorio.
Dice que un policía reconoció ante un vecino que fue un “error” buscar a Anrry. “No tenía antecedentes penales”.
En la calle “hubo un teatro (…), decían: ‘entrégate, entrégate, suelta el arma’”, denuncia. “Simulan un enfrentamiento y lo que hacen es arrodillarlo y ejecutarlo”.
Gregorio vio el cadáver de su hijo en la morgue del hospital.
“No me permitieron tocarlo (…), tenía tres disparos a quemarropa (…), todos en el tórax”.
Cuando la familia denunció ante la policía científica una “ejecución extrajudicial”, dice Gregorio que agentes de la FAES aparecían por su barrio con frecuencia para intimidarlos.
*Con información de AFP
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