Amnistía Internacional presentó este jueves un documento en el que señala al gobierno de Qatar de haber incumplido la promesa -hecha hace un año- de reformar su legislación laboral, blanco de críticas con motivo de la organización del Mundial 2022. En mayo de 2014 Qatar se había comprometido con cambios cruciales como la sustitución de la ‘kafala’, sistema local que convierte a los trabajadores prácticamente en propiedad de los empresarios.
Según la organización de defensa de derechos humanos, que se basa en las estadísticas facilitadas por los gobiernos de India y Nepal, 441 trabajadores procedentes de estos dos países murieron en Catar en 2014. Amnistía no precisa la causa de la muerte de estas personas originarias de los principales países con expatriados en el emirato.
El documento de AI, titulado ‘Promising little, delivering less: Qatar and migrant labour abuse ahead of the 2022 Football World Cup’, revela además una «tabla de puntuación» que califica la respuesta de las autoridades del país a los problemas relacionados con nueve derechos laborales fundamentales de los migrantes identificados por Amnistía Internacional.
Para Mustafa Qadri, un investigador de Amnistía sobre los expatriados en el Golfo, existen «importantes dudas sobre el compromiso de Catar en la lucha contra los abusos de los migrantes», pues no se han producido avances significativos en dicho aspecto.
De acuerdo con el investigador, sobre los asuntos fundamentales como el permiso de salida, la protección de los trabajadores domésticos y la libertad para constituir sindicatos o afiliarse a ellos, no ha habido el más mínimo avance.
“La ausencia de una hoja de ruta clara con los objetivos y parámetros de referencia para la reforma suscita importantes dudas sobre el compromiso de Qatar para abordar los abusos contra los derechos laborales de los migrantes. Si no se actúa con rapidez, las promesas formuladas por Qatar en 2014 corren grave riesgo de ser descartadas como mero ejercicio de relaciones públicas para que este Estado del Golfo Pérsico siga siendo anfitrión del Campeonato Mundial de Fútbol 2022”, puntualizó Qadri.
Y es que de los nueve ámbitos «fundamentales», la ONG indicó que sólo se realizaron «avances limitados» en cinco de ellos relacionados con la lenta introducción de un sistema electrónico de pago de salarios, la adopción de medidas dirigidas a mejorar la seguridad en las obras, a regular la actividad de las explotadoras agencias de contratación y a mejorar el acceso a la justicia de las víctimas de explotación laboral.
“Dado que continúa el auge de la construcción en Qatar y está previsto que la población de trabajadores migrantes aumente hasta los 2,5 millones, la necesidad de una reforma urgente es más apremiante que nunca», concluyó Qadri.
– La FIFA responde 
Amnistía Internacional también instó a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), que debe escoger la próxima semana su nuevo presidente, a dar prioridad a este asunto e instar a las autoridades cataríes a poner en marcha verdaderas reformas para proteger los derechos de los migrantes. “La FIFA ha dedicado mucho tiempo, dinero y capital político a investigar la presunta corrupción en las licitaciones a Rusia y Qatar para ser sedes del Mundial de Fútbol, y ha dudado sobre la programación de la competición. Pero la organización aún no ha demostrado un compromiso real para garantizar que Qatar 2022 no se construye sobre cimientos de explotación y abuso”, manifestó Mustafa Qadri.
La FIFA respondió en un comunicado que había alertado «públicamente» y «de manera reiterada» a Catar sobre este asunto, al tiempo que mostró su voluntad de seguir «exhortando a las autoridades cataríes al cumplimiento de las reformas y la abolición del sistema de la kafala».
Sin embargo, el organismo dirigente del fútbol mundial indicó que «ninguno de los incidentes mencionados en el informe tuvo lugar en las obras de los estadios» y, en este sentido, deseó que los «estándares» impuestos a las empresas colaboradoras en estas obras sirvan «de referencia en todo el país».
– Mordaza a la prensa 
AI también se refirió al caso de los periodistas e investigadores que han sido detenidos e interrogados por documentar la situación de los trabajadores migrantes en Qatar.
El último caso salió a la luz esta semana cuando el periodista de la BBC, Mark Lobel, quien había sido invitado a Catar para una visita guiada, denunció haber sido detenido en Doha, durante más de 24 horas, junto a tres miembros de su equipo cuando filmaban a un grupo de trabajadores nepalíes. Aunque los periodistas fueron liberados sin que se formularan cargos en su contra, no han podido recuperar su material de trabajo.
El jefe de la oficina de prensa del gobierno, Saif Al Thani, acusó a Mark Lobel de haber violado la ley al haber intentado penetrar durante la noche en un campo de trabajadores. «El hecho de introducirse en una propiedad privada es una violación de la ley en Catar como en la mayoría de los países», afirmó Saif Al Thani en un comunicado.
Por su parte, Lober dio detalles de su detención en el sitio internet de la BBC. «Ocho automóviles blancos rodearon nuestro vehículo y nos llevaron a una carretera secundaria», relató Lobel. «Una decena de policías nos registraron, gritándonos cuando quisimos hablarles. Confiscaron nuestro material y discos duros y luego nos llevaron a la comisaría», agregó, y dijo haber sido sometido a un «interrogatorio hostil».
Un hecho similar al ocurrido con Lobel se había registrado en marzo pasado cuando un periodista de la televisión alemana y uno de sus colegas fueron detenidos cuando iban a filmar en una zona habitada por inmigrantes.
“Al intentar amordazar a quienes documentan las condiciones de los trabajadores migrantes mediante la detención y la intimidación, el gobierno transmite el mensaje de que le preocupa más su imagen que terminar con la terrible realidad de las decenas de miles de hombres y mujeres que sufren abusos en Qatar”, aseguró Mustafa Qadri.