La gobernadora del estado de Carolina del Sur, Nikki Haley, firmó hoy la ley antinmigrante SB20, una medida similar a la SB1070 de Arizona —que criminaliza a los indocumentados—, en medio de amenazas de demandas por considerarla inconstitucional y muy costosa.

Esta legislación envía “el mensaje de que Carolina del Sur es un estado que sigue las leyes y que da la bienvenida a la inmigración legal pero no a los ilegales; (Los indocumentados) se pueden ir a otra parte“, afirmó Haley en el Capitolio estatal, durante la promulgación de la medida, que entrará en vigor en enero de 2012.

Carolina del Sur sigue los pasos a Arizona, Utah, Georgia y Alabama que aprobaron legislaciones para combatir la inmigración ilegal.

La medida permite a las agencias del orden público indagar el estado migratorio de los detenidos sospechosos de algún delito y comunicarse directamente con oficiales del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) cuando se sospecha que se tiene en custodia a un indocumentado.

También dispone la creación de una Unidad de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración, una especie de policía de inmigración local con 12 agentes con poderes para examinar el estatus migratorio de una persona.

Asimismo, la ley convierte en delito mayor con penas de hasta 25,000 dólares o cinco años de prisión la producción de documentos falsos y el no portar consigo una identificación estatal como licencia de conducir o documento migratorio.

También obliga a las empresas a comprobar la legalidad de los trabajadores utilizando el sistema federal E-Verify y los que no utilicen el programa corren el riesgo de perder sus licencias de operación e inclusive de ser cerradas temporalmente.

Por su parte Carlos Flores Vizcarra, cónsul general de México en las Carolinas, dijo que comenzarán a “desarrollar una serie de reuniones con la comunidad de mexicanos para informar sobre esta ley y con grupos de abogados para buscar vías legales para proteger los derechos civiles de los connacionales”.

La Unión de Libertades Civiles (ACLU) también anunció hoy que planea interponer una acción legal para parar detener la implementación de la SB20 antes que entre en vigor el 1 de enero de 2012. Algunos hispanos, acompañados de anglos y afroamericanos, que asistieron a la firma de la polémica ley, catalogaron la acción de Haley de “vergonzosa.” Cifras recientes del censo de 2010 indican que los hispanos representan un 5,1 % de la población del estado, es decir, 235.893 personas; y, según el Centro Pew, la cifra de indocumentados llegó a 55.000 en 2010.